Las nuevas revelaciones del carrusel de contratación en Bogotá

Son 24 concejales involucrados, los compromisos de Hipólito Moreno, el papel de Yuri Chillán, los embajadores salpicados, las comisiones en las empresas de Energía y Acueducto.

Si el país creía que ya había escuchado todo del carrusel de la contratación en Bogotá, no es así. Las revelaciones de Caracol Radio con las que se dio inicio a uno de los procesos de corrupción más escandalosos del país gracias a la grabación de una conversación entre Miguel Nule y el representante a la Cámara por Bogotá, Germán Olano hasta las más recientes denuncias de la revista Semana llamada “El segundo bogotazo”, tienen nuevos y más graves detalles que involucran a un mayor número de concejales de Bogotá y el verdadero papel que cumplieron, pero además a renombrados funcionarios y empresas que no han sido tocados e incluso a embajadores

Mientras en la cárcel La Picota, Iván Moreno está hoy convertido en una especie de capo del penal, en el mandamás, en el hombre que impone su ley entre sus compañeros del patio, el ERE SUR, entre ellos el abogado lobista Álvaro Dávila y el entonces contralor Miguel Ángel Moralesrussi, y cerca de allí al exsecretario de Salud, Héctor Zambrano; el concejal del partido Verde, José Juan Rodríguez; y el expersonero Francisco Rojas Birry; en la Fiscalía, otros testigos están destapando las cartas aún ocultas del carrusel

Testigos que están hablando a pesar de que han recibido amenazas que vienen desde la Picota, que incluso han sido víctimas en sus casas de la visita de policías disfrazados, que han quedado grabados en los circuitos de seguridad y están siendo investigados por las autoridades. Fuentes aseguran que el abogado Álvaro Dávila está sometido a la presión de Iván Moreno y que incluso se le ha visto por los pasillos de la Fiscalía General, a donde ha acudido varios días de esta semana que termina

Caracol Radio conoció los testimonios definitivos de dos hombres clave en este proceso, uno de los cuales aún no conoce la opinión pública pero sí la Fiscalía General de la Nación y nosotros de manera exclusiva, así como los compromisos a los que llegó Hipólito Moreno con el ente investigador

El ventilador de Hipólito MorenoEn los próximos días el carrusel que hasta el momento ha tocado solo la administración de Samuel Moreno podría extenderse a otras administraciones que según el testigo habrían repartido contratos vía comisión. Ese es precisamente el acuerdo de fondo al que llegó Hipólito Moreno con la Fiscalía General de la Nación: contar qué se hizo durante las administraciones de Enrique Peñalosa y Lucho Garzón

Como parte de ese acuerdo Hipólito habría señalado que la interventoría de los tramos de la calle 26 de la fase III de Transmilenio le fue entregada a un recomendado del entonces personero Herman Arias durante la alcaldía de Lucho Garzón. Según ese testigo las autoridades deben investigar versiones según las cuales existen tierras en poder de testaferros con las que se habría pagado el favor a la administración de Garzón, así como el papel de Edgar Ruiz, el gerente del Acueducto en esa administración. Caracol Radio pudo establecer que Hipólito Moreno presentó certificación de una grave enfermedad para obtener la detención domiciliariaDentro de la declaración de Hipólito Moreno encontramos que el ex presidente del concejo confiesa que se pactaron alianzas para escoger a los actuales contralor y personero para formar mayorías y bloquear al alcalde Gustavo Petro

Las comisiones y las grandes empresasOtro capítulo que se conocerá en los próximos días es el que afecta a grandes empresas. “Las comisiones no solo se pagaron en las obras incumplidas como las de los Nule, que no solo falseaban los documentos, se robaban los anticipos y no pagaban las comisiones”, dijeron los involucrados a Caracol Radio. Las comisiones, según los dos testigos clave, se pagan en todas y cada una de las obras de la ciudad. Uno de ellos sostiene que por la obra del puente de la calle 100 con 15 que estuvo a cargo de la empresa Sainc Ingenieros Constructores S.A., dirigida por Daniel Reyes, el contratista también habría sido obligado a pagar la comisión. Esta empresa están en el proyecto de la alianza público privada del Tranvia con la actual administración

Los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte, quienes se unieron con la firma brasilera Odebrech S.A. para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, contrato que fue mencionado en la revista Semana y que involucra aproximadamente 247 millones de dólares, según el testigo, tuvo una adición del contrato para favorecer a Orlando Fajardo, señalado como uno de los principales contratistas de la Empresa de Acueducto manejada por Andrés Cardona, de quien dice la declaración habría sido el mayor beneficiado económicamente con el carrusel. El testigo asegura que la interventoría fue adjudicada precisamente a una firma de Fajardo con empresarios mexicanos. Fajardo es, según esta versión, financiador del concejal liberal Jorge Durán Silva

El testigo menciona contratos en los que estarían las empresas Patria y Pavimentos Colombia S.A., que fueron revelados por el periódico El Espectador, y donde habría resultado beneficiado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. El mandatario negó al periódico haber pagado comisiones

El papel de Yuri ChillánUno de los aspectos más relevantes de la declaración del testigo, conocido en exclusiva por Caracol Radio, ha sido sobre el papel del entonces secretario general de la alcaldía Yuri Chillan, de quien dice era el hombre que se movía en varios escenarios pero especialmente en “su calidad de miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá y con el concejal del Pin Rafael Escrucería, para repartir lo necesario que garantizara la gobernabilidad

El testigo denuncia que la entonces presidenta, Mónica de Greiff, y su esposo el publicista argentino Miguel Palai se habrían beneficiado con comisiones de diversos contratos y señala la compra de tubería a través de TGIa Techint por más de 292 millones de dólares, con una comisión de 40 millones. Dice que Mónica de Greiff llegó a tener la confianza de los Moreno por recomendación de la entonces concejal Ángela Benedetti quien después le habría reclamado su enemistad. Fuentes aseguran que Mónica de Greiff defendió su idoneidad y aseguró que su hoja de vida no requería del apoyo de ningún político

Según el testigo, Yuri Chillán repartía contratos de la EAAB y la EEB de 400 y 600 millones a los concejales en varios listados que le habría entregado a Jorge Enrique Pizano, gerente de la EAAB y luego al contratista Andrés Cardona para que le diera instrucciones al gerente del Acueducto Fernando Ulloa para asignar los contratos de los concejales Rafael Escrucería, del PIN; Javier Palacio de La U, José Juan Rodríguez, del partido Verde, y Antonio Sanguino también del partido Verde

Ambos testigos coinciden en señalar que en el contrato para la recolección de basuras que se cayó en la Corte Constitucional y que dividía a la ciudad en 6 zonas, iba a beneficiar a las cabezas del carrusel. Una zona quedaría en manos del propio Chillán, otra sería para Emilio Tapia, Manuel Sánchez quien al final tuvo diferencias con la administración de Samuel Moreno y Andrés Cardona, el hombre del acueducto

Así también menciona un frustrado negocio en San Victorino y de donde salió según las fuentes un cheque de más de mil millones a una constructora de Bucaramanga, dinero que fue devuelto días antes de la captura de Iván Moreno. Ya en la Revista Dinero en 2011 y en el Espectador se había registrado este contrato a cargo de el ERU, la empresa de renovación Urbana, en el artículo El rastro oculto de Emilio Tapia

Dice el testigo que Darío Fernando Cepeda, de Cambio Radical, se benefició a su vez con la contratación en el cuerpo oficial de bomberos; Julio César Acosta, de Cambio Radical, con contratos en el Acueducto y que Jorge Lozada Valderrama, de b, manejaba contratos en hospitales del distrito

Reiteró el testigo que el senador Efraín Torrado y su hermano el exconcejal Edgar, los dos del partido de La U, recibieron un contrato a dedo de 44.000 millones de pesos

Embajadores salpicadosEl testigo señala a Carlos Lizcano, ex director del hospital de Meissen, de adicionar un contrato de dotación y la interventoría a favor de Jannet Arévalo, la esposa de Julio Gómez, quien además señala de financiar con varios cheques de 100 millones a Ángela Benedetti, entonces concejal del partido Liberal y actual embajadora en Panamá

Las acusaciones salpican a Andrés González, entonces Gobernador de Cundinamarca hoy embajador ante la OEA, con contratos superiores a los 100 mil millones de pesos para la construcciones de la nueva sede de la Empresa de Licores de Cundinamarca, escuelas y plazas de mercado

Otros concejalesSegún el testigo, Julio Gómez tenía en el llavero a Angélica Lozano desde cuando fue alcaldesa de Chapinero. Lozano ha dicho que nunca ha visto a Julio Gómez

También involucró a la concejal Progresistas Diana Alejandra Rodríguez, como lo publicó el periódico El Tiempo en el pasado jueves

Así mismo, al liberal Jorge Ernesto Salamanca y a Liliana de Diago, exconcejal y esposa del exconcejal Leo César Diago. Liliana de Diago podría volver al concejo si la fiscalía ordena la detención del concejal de La U Andrés Camacho, citado a audiencia de imputación de cargos el próximo 11 de junio por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos

El número de concejales y ex concejales involucrados en este relato de varias horas asciende a 24. Son ellos Por el partido de la U: Edgar Torrado, Severo Correa, Hipólito Moreno, Orlando Parada, Javier Palacio e Isaac Moreno. De los liberales: Jorge Duran Silva, Ernesto Salamanca y Angela Benedetti; de Cambio Radical: Dario Fernando Cepeda, Fernando López, Julio Cesar Acosta, Jorge Lozada y Nelly Patricia Mosquera; por el PIN; Rafael Escrucería; del Polo, van Wilson Duarte y Fernando Rojas; de los verdes: Juan José Rodríguez, Edward Arias y Antonio Sanguino. De los conservadores aparecen según el testigo: Omar Mejía y Soledad Tamayo. Además de progresistas antes mencionados, como Diana Alejandra Rodríguez

Entre las revelaciones que conocimos aparecen nuevas referencias sobre contratos como el que Javier Ríos obtuvo para la recolección de residuos hospitalarios, adicional al que ya tienen sobre desechos, por valor de 60 millones de dólares a través de la UAESP, en coordinación con Andrés Cardona, el hombre del cartel en el Acueducto, quien habría manejado los contratos de la UAESP porque Miryam Margot Martínez, quien fuera la gerente de servicio al cliente del acueducto, fue nombrada en la UAESP “para seguir dándole el servicio de atención pero a los grandes clientes”

En esta nueva declaración se conoció que el contrato de las cámaras de vigilancia de Bogotá, por $40.277 millones, se le dio a la sociedad Verytel S.A. de propiedad de Raúl Arias Guarín, amigo y vecino del entonces gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Mauricio Solano, favoreciendo a los concejales de La U Javier Palacio y Edgar Torrado y Fernando López de Cambio Radical

La historia de Orlando ParadaUno de los testigos explica cómo Orlando Parada, concejal de la U, terminó involucrado en el carrusel. La historia es que Iván Hernández, entonces director de la Unidad Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial, era el mejor amigo del concejal Andrés Camacho Casado de La U, por lo que Hipólito Moreno y Camacho convencen a Parada para involucrarse en el negocio y respaldar a Iván Hernández. Fue por esto que Hipólito Moreno en su aceptación de cargos menciona a Parada y reconoce que estuvo involucrado en el contrato de las ambulancias que entregó a la Fiscalía el propio Emilio Tapia, en su contundente declaración

El testigo explicó, como ya se conocía, que Federico Gaviria estructuró el contrato de las ambulancias creando la unión temporal que ganó la licitación por 67 mil millones de pesos, pero agregó que ese negocio pasó por Interbolsa vía encargo fiduciario para manejar un anticipo que terminó siendo usado por Iván Moreno en Bucaramanga para la compra de acciones en la empresa de aseo

Pudimos establecer que Gaviria ya están negociando con la fiscalía mientras que José Antonio Bonnet, representante legal de la unión temporal se le habría volado a las autoridades. El secretario de salud, Héctor Zambrano también se encuentra en proceso de llegar a un acuerdo con la fiscalía por su vinculación en la recepción de la comisión sobre ese contrato

La investigación por el carrusel de contratos completa casi tres años y ha estado en manos de cuatro fiscales: Guillermo Mendoza Diago, Vivianne Morales, Martha Lucía Zamora y Eduardo Montealegre Lineth

El proceso a su vez ha tenido 4 fiscales, Germán Pabón, Ricardo González el hombre que convenció a Emilio Tapia para que se convirtiera en testigo, Jaime Zetien, quien ha estado al frente de la investigación estos tres años, y Juan Vicente Valbuena, el hombre que hoy tiene en la cárcel o a puertas de ella a todas las fichas de este carrusel

A pesar de que para muchos el proceso contra Ivan Moreno en la Corte Suprema no avanza, la realidad es que estos dos testigos han entregado pruebas no solo testimoniales sino técnicas. Pero señalan de cínica la declaración rendida por Julio Gómez en la medida en que para ellos, no quiso involucrar directamente el nombre del congresista de quien dicen estaba dispuesto a todo para “llevar a Samuel a la presidencia…y si no es Samuel por débil, soy yo”

Entre los puntos que falta investigar en este proceso está además del papel que cumplían las alcaldías locales, lo que el país espera y que los Nule se han negado a contar, el carrusel de la contratación a nivel nacional.

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