Arrestan a funcionaria que no pagó una dudosa pensión de jubilación

La directora del Fondo de Previsión Social del Congreso, Diana Margarita Ojeda, fue arrestada en Bogotá por desacato a una tutela que ordena pagarle una multimillonaria pensión de jubilación a un suplente a la Cámara que ejerció durante diez meses, hace 41 años

La directora del Fondo de Previsión Social del Congreso, Diana Margarita Ojeda, fue arrestada en Bogotá por desacato a una tutela que ordena pagarle una multimillonaria pensión de jubilación a un suplente a la Cámara que ejerció durante diez meses, hace 41 años.

Ojeda fue arrestada en el aeropuerto Eldorado y conducida a las dependencias del DAS para cumplir con un auto judicial del Tribunal Superior de Montería que ordena su arresto en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá y una multa equivalente a medio salario, además de solicitar su destitución del cargo.

La directora del Fondo había expresado a Caracol Radio que prefería ir a la cárcel antes que cancelar con dineros públicos una pensión que considera fraudulenta porque el beneficiario, Gabriel Eduardo Urzola, no reune los requisitos legales.

Urzola fue congresista suplente por no más de 10 meses en 1966, y fue maestro de escuela en Majagual, Sucre, e inspector de tránsito en Sincelejo. Terminó su vida laboral con una pensión de la Caja Nacional de Previsión, que estuvo disfrutando varios años con una mesada de 439 mil pesos, hasta que resolvió pedir, vía tutela, el supuesto derecho a la jubilación como congresista.

Dentro de sus pretenciones está una pensión de 16 millones de pesos mensuales y un retroactivo superior a mil 303 millones de pesos.

Ojeda dijo que Urzola nunca estuvo afiliado al Fondo de Previsión (que no existía cuando supuestamente adquirió el derecho), nunca cotizó para pensiones en el mismo, e instauró la tutela en un lugar diferente al de su residencia, entregando una dirección inexistente de su domicilio.

El demandante, al parecer reside en Sincelejo, donde trabajaba como empleado en una gasolinera. Pero interpuso la tutela en el Juzgado Penal del Circuito de Lorica (Córdoba), Jairo Enrique López, quien la concedió.

Ante la oposición de Ojeda, el caso se llevó al Tribunal de Montería, donde se confirmó la tutela y se ordenó el arresto de la directora del Fondo, quien pidió la revisión de la misma por parte de la Corte Constitucional.

Los ministros de Hacienda y de la Protección Social también han solicitado a la Corte que estudie el caso, por considerar que las pretenciones del demandante y sus abogados, son ilegales.