Hora 20

¿Acabar o reformar el Inpec?

Hay consenso entre los analistas en replantear el esquema operativo e institucional del sistema carcelario del país.

Este martes se presentó la fuga de la ex senadora Aída Merlano, condenada a 15 años de cárcel, por compra de votos, porte de armas y concierto para delinquir.

Lo hizo de manera calculada y espectacular al caer desde un tercer piso agarrada de una cuerda para escapar luego en una moto. El video de lo que pasó en el consultorio odontológico deja ver la preparación de la fuga, apoyada por su familia y probablemente por el odontólogo que la atendió.

Para ello aprovechó el permiso para ir a una supuesta cita odontológica, pero además se valió del hecho de tener un esquema de vigilancia reducido gracias a que el Inpec le había cambiado el nivel de riesgo de fuga.

Por este hecho salieron de sus cargos el director del Inpec, general William Ernesto Ruiz, quien llevaba 8 meses en ese cargo, y la directora del Buen Pastor, Diana Muñoz, que se va pese a que no firmó el permiso de salida. Según Óscar Robayo, vocero de uno de los sindicatos del Inpec, el visto bueno lo dio la subdirectora.

La crisis

Según el senador Roy Barreras, la fuga de la ex congresista no deberá sorprender teniendo en cuenta “el enredo” que es el Inpec, pero también afirmó que además de un error de esta al involucrar a sus hijos en el hecho, es un paso hacia el abismo.

“Este hecho implica una nueva prueba de la incapacidad que es el Inpec y de la capacidad de soborno de los clanes y la corrupción; estos clanes tienen gran poder de corrupción”, dijo. El congresista es partidario de liquidar al Inpec para ser reemplazado por una unidad administrativa especial, sin que haya masacre laboral.

En el debate, el analista Jairo Libreros aseguró que es un error que la Policía se encargue de manejar las cárceles, porque es algo que riñe con su naturaleza, pero además puso de presente que la responsabilidad de lo que pasó debe ir más allá de la renuncia de general Ruiz, director del Inpec.

“Este problema se soluciona reformulando la misión y los roles que debe cumplir el Inpec; en muchos países hay servicios de contrainteligencia para saber qué hacen los guardianes”, dijo.

Asegura que no es fácil ubicar la naturaleza jurídica de la entidad carcelaria cuando cumple funciones que van más allá de lo que se le ordena.

Como un ejemplo de la realidad que se debe tener en cuenta, Diego Molano, concejal de Bogotá, destacó que en intramuros el 76% de los internos son reincidentes, lo quiere decir que el sistema de justicia no funciona y que la corrupción, como en el caso de Aída Merlano, rompe cualquier esquema, el de cárcel o el de casa por cárcel.

Considera importante que la reforma judicial entienda la realidad carcelaria que tiene el país.

Para Poly Martínez la crisis se refleja en el último informe sobre la entidad que registra que tiene 60.000 condenados domiciliarios y 5.000 vigilados por medio electrónico y con un cuerpo de guardias insuficiente.

 

 

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