EDITORIAL

Protesto por las protestas

“Bienvenida, formal, legal y naturalmente el derecho a protestar. Pero recuérdese un detalle, una palabra clave de nuestra carta: pacíficamente”

No tendría uno que dárselas de abogado para defender el sagrado derecho a la protesta. Lo digo porque, aunque la ley lo prohibiera, como sucede en algunos remedos de democracia o en sociedades con regímenes autoritarios, todo ser humano tiene derecho a manifestar su inconformidad con situaciones, hechos o decisiones que considera contrarios o lesivos a sus derechos.

Pero, si amanecimos más santanderistas que de costumbre, pues diremos que ese derecho tiene asiento en la Constitución, en el artículo 37 que dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

 

Ojo: limitar, pero no prohibir o negar. Y todo ello en concordancia con otros principios constitucionales sobre libertad de expresión y difusión de expresiones y pensamiento (artículo 20) o la reglamentación general de los derechos que no admite de permisos adicionales o restricciones (artículo 85).

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Recapitulando: bienvenida, formal, legal y naturalmente el derecho a protestar. Pero recuérdese un detalle, una palabra clave de nuestra carta: pacíficamente.

¿Es una protesta pacífica la que se ambienta con amenazas de actos de violencia y destrucción?

¿Se entiende que es pacífico el uso de explosivos lanzados contra la autoridad y los ciudadanos?

¿Podemos decir que es pacífica una protesta en la que se destruyen vehículos de transporte?

¿Qué tiene de pacífico vandalizar, como se dice ahora, bienes públicos y propiedad privada?

¿Qué hay de pacífico en seguir a quienes protestan a las instalaciones de una universidad en la que funciona un hospital y desatar una lluvia de dispositivos con gas?

Estudiantes que se comportan como vándalos, policías abusando de su autoridad, transportadores que amenazan a los ciudadanos… creo que los hechos de los últimos días parecen enviar el triste mensaje de que la Constitución y su respetable catálogo de derechos para algunos vale menos que el papel higiénico.

Protestemos, ejerzamos el derecho a disentir, manifestemos nuestra inconformidad… todo es válido dentro de los cauces de la civilidad y el respeto. Todo lo demás no es sino mancillar la Constitución y rebajarnos a comportamientos que nos hacen lucir más como delincuentes que como ciudadanos.

 

 

 

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