Hora 20

El informe de The New York Times y sus efectos

Consejero de Seguridad del Gobierno asegura que no hay una orden de conteo de muertos para medir los resultados de la política de seguridad.

El fin de semana salió el anunciado artículo de The New York Times sobre las exigencias que está haciendo el Ejército a sus comandantes en materia de bajas, capturas y procedimientos operativos que pueden implicar riesgos para los civiles.

El artículo del periodista Nicholas Casey afirma que el comandante del ejército “les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales”. Las fuentes son oficiales preocupados por el alcance de esas políticas adoptadas por el Ejército.

El ministro Guillermo Botero respondió que el artículo esta llenó de inconsistencias, que no tuvo en cuenta la información que se le suministro al periodista, que el Ejército nunca sanciona por resultados operacionales y que se le pidió a la Fiscalía que investigue las denuncias de Casey, quien tuvo que salir del país luego de los trinos de la senadora María Fernanda Cabal que cuestionan su independencia.

Los riesgos

En opinión de Luis Felipe Henao, abogado y columnista, iniciativas militares como las que denuncia el periódico neoyorquino llevan a generar peligro no en Bogotá sino en el territorio, en zonas como Chocó, Catatumbo o el Cauca”.

“Una fuerza armada en el territorio no solo debe salir a combatir el delito sino a prevenirlo”, dijo.

Desde el lado oficial, Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, en diálogo con Hora, 20 presentó los resultados de las acciones de la cúpula militar que fue renovada en diciembre de 2018.

Citó, por ejemplo, el aumento del 33% en las operaciones, o los combates aumentaron en 124%, mientras las muertes en desarrollo de operaciones militares aumentaron en solo 4 casos: de 63 a 67.

Pero según Rodrigo Uprimny, profesor de derecho y columnista, las directivas adoptadas dentro del Ejército son complicadas así no se traduzcan en falsos positivos.

“Bajar la credibilidad de la fuente de información puede llevar a operativos sin logros reales”, dijo al comentar la norma que flexibiliza el origen de la información que se reciben para adelantar acciones militares.

Catalina Botero, decana de Derecho de los Andes y ex relatora para la libertad de expresión de la OEA, pide que el fanatismo no nos lleve a debilitar los controles democráticos porque, entre otras cosas, no solo se desvía la discusión que importa sino que además se pone en riesgo la vida del periodista.

También llamó la atención por el hecho de que en las planillas del Ejército piden que aumenten las bajas, no que haya menos secuestros o desmovilizaciones.

Desde la óptica de Jairo Libreros, experto en seguridad, bajar el umbral de la confiabilidad de la fuente militar al 60% implica muchos riesgos para los civiles.

“Estábamos en un 85%. Cuando se baja a un 60% en materia de credibilidad de la fuente se corre el riesgo de ser engañado y se traducen en afectaciones a los DD.HH.”, dijo.

 

 

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