Alcalde de Villa de Leyva habla sobre investigación de la Procuraduría

Frente a la indagación preliminar que le abrió la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá por un contrato millonario para las fiestas de la virgen del Carmen, el alcalde deVilla de Leyva, Javier Castellanos, dijo que los $15.000.000 hacen parte del plan de desarrollo para destinar a eventos culturales. 

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“Ahí se contempla la promoción, divulgación en un canal regional, presentación de artistas locales con una tarima luces, un animador para poder hacer alusión a la festividad y todo lo que tiene que ver con la logística en la plazuela del Carmen”, dijo Castellanos.

Según el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, la celebración de las fiestas tradicionales de la virgen del Carmen fueron autorizadas por el Ministerio del Interior, con la condición de mantener los protocolos de bioseguridad, el aforo de máximo 50 personas, el distanciamiento que a su juicio se cumplió.

“Nosotros hemos hecho las cosas desde los términos legales. Se cumplió con todos los protocolos, con un aforo máximo de 50 personas, se implementaron los protocolos de bioseguridad, hubo desinfección de calzado, de manos. Había una cabina desinfección al ingreso de la plazuela”, dijo Castellanos.

Sobre la adjudicación del contrato, dijo se hizo una licitación pública abierta a través de lo que rige la ley de contratación. “Se presentaron cuatro ofertas y se le adjudicó Corfiestas”.

Dentro de lo que quiere establecer el Ministerio Público, es si hubo o no aglomeración de personas, a juicio de Castellanos no se registró procesiones y lo que se observó “en las redes sociales es la salida de la virgen del monasterio hasta la iglesia. Esos son 30 metros de una puerta la otra”.

Con respecto a una tarima que se observa en la plazuela el Carmen, Castellanos dijo que se adecuó para la presentación artistas locales, los cuales fueron observados por parte de los habitantes de Villa de Leyva por redes sociales y el canal regional.

Es de recordar que la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar al servidor o servidores presuntamente comprometidos y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.