Embarazada de alto riesgo recibe atención fuera de la cárcel de Cartagena

Uno de los primeros casos atendidos por la nueva administración se registró en la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, donde una joven de 24 años en avanzado estado de embarazo presentaba alto riesgo de bienestar fetal, producto de antecedentes médicos y por pocos controles prenatales. Lo anterior como consecuencia de los trámites que se requieren para brindar una atención en salud en los establecimientos de privación de la libertad.

Tras la atención brindada en el centro penitenciario y gracias al apoyo de distintos funcionarios de las entidades que participaron en la solución, fue posible remitirla a un centro médico extramural de segundo nivel para que especialistas en ginecología, psicología, trabajo social y nutrición evaluaran su delicado estado de salud.

Mercedes García Escallón, directora de la Cárcel de Mujeres y quien actúa como vocera de las mujeres privadas de la libertad, señaló que “nosotros no tenemos dentro de la Institución un sistema de atención secundario, sino muy básico, por eso fue requerida la remisión. Fue un trabajo en equipo que hizo posible no sólo que la atención fuera efectiva, sino que fuera rápida”.

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Lo anterior es apenas una radiografía del sistema de salud de Cartagena, el cual presenta muchas dificultades, “cuando se trata de una mujer privada de la libertad encontramos que estos problemas se multiplican, ya que las mismas dinámicas de segregación social se viven de manera más exacerbada en estos ambientes, más cuando se trata de mujeres que en su mayoría tienen poca información de sus propios derechos, algunas ni siquiera conocen que tienen derecho a una atención primaria en salud”, explicó García.

Durante la actual administración, la directora tiene como principal objetivo trabajar para que este lugar se convierta en un centro de verdadera resocialización, donde las mujeres internas comprendan su valor como sujetos de derechos y que no deberían tener disminución de las garantías constitucionales que le corresponden por el hecho de ser personas, y dentro de estas garantías está, por supuesto, el derecho a recibir una atención en salud de calidad y que corresponda a todos los lineamientos jurídicos que cobijan a los seres humanos.

“Los derechos fundamentales deben ser garantizados, no deben estar a discreción de un funcionario, sino que por ley y por ordenamiento jurídico es una obligación brindar una salud adecuada y eficaz, en términos de tiempo y de calidad a esta y a todas las internas que así lo requieran”, finalizó García.