Peajes eternos

Columna de opinión de Rafael Vergara Navarro

En la realización de obras y en la vida si hay intereses económicos de por medio hay conflicto, sobre todo si además de los beneficios se impacta el ambiente, las finanzas colectivas y el futuro de la ciudad y sus gentes.

Me refiero a la adjudicación que hizo el alcalde (e) a KMA Construcciones del proyecto del Corredor Portuario y Turístico, a 15 días de finalizar su encargo, generando la reacción de sectores y gremios, concejales, ciudadanos, las JAC de Manga y el Pie de la Popa, y del alcalde electo William Dau, que cuestionó la firma, criticó el alto costo y le reiteró el rechazo social al peaje que por 30 años más embonaría con el que ahora en el Corredor de Carga (re) pagamos.

Condenados al suplicio por el ofrecido beneficio, el argumento de Pereira de estar obligado a adjudicar no fue de buen recibo porque, finalizando el período, deja un conflicto jurídico que validaba no hacerlo porque al dirimirse podría afectar la concesión del megaproyecto.

El permiso al Alcalde para tramitar y adjudicar la Asociación Público Privada (APP) lo otorgó el Acuerdo 016 del 11 de diciembre del 2018 y en el 2019 KMA fue quien presentó el proyecto y como proponente iniciador ganó la licitación.

El Plan de Desarrollo 2018-2022 formuló requisitos para los proyecto de APP que modificaron la Ley 1508 del 2012, sustento del citado Acuerdo 016 que autorizó al Alcalde para adelantar el proceso. Por eso el Concejo, antes de la adjudicación de la APP, expidió el Acuerdo 183 del 2019 y le revocó la facultad hasta tanto no expidiera una nueva reglamentación para otorgar esa facultad. El alcalde objetó el Acuerdo por ilegal y lo envió al Tribunal Administrativo de Bolívar que dirimirá el conflicto. Se afirma que el acuerdo que lo facultó expiraba en julio.

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La ciudadanía reaccionó la poca socialización –lo que es cierto de un proyecto que nos compromete por 30 años y de allí la primera tutela que fue admitida

En lo ambiental la Quinta Avenida se construirá sobre la ciénaga de la Quintas y el caño de Bazurto, ya reducidos sus espacios en un 21.4% y 67.8% respectivamente.

Para favorecer la crisis climática el proyecto eliminaría 7,83 ha de manglar y cambiaría oxígeno por CO2 pasando por encima de la sensatez y normas de adaptación que exige conservarlos por ser resumidores de carbono, generadores de clima, amortiguadores de las mareas y albergue de biodiversidad.

Según la Capitanía “el área a ocupar es de 57.181 m2, de los cuales 27.661 m2 corresponden a una franja de relleno de aguas marítimas y terrenos de bajamar paralelo a la actual línea de costa. El resto de la vía ocupará un área de 29.520 sobre terreno consolidado (con relleno )* bajo jurisdicción de DIMAR”.

Discrepo de Cardique que solo se requieran permisos, máxime que la tala autorizada en la resolución 948/04, cuestionada por el Minambiente, no tiene validez al sustentarse en la Resolución 0473 de 1998, ya sin vigencia. Y ahora la base legal de toda la actuación es el decreto 1180 de 2003, que está derogado. Ramas secas de un tronco muerto.

Esta Quinta Avenida tiene que ajustarse a la ley vigente y cumplir con el artículo 10 del Decreto 2041 del 2014 que exige concepto previo del ministerio cuando se “pretenda intervenir humedales (RAMSAR), páramos o manglares”, ecosistemas de especial importancia ecológica.

En la saturada Isla de Manga, para resolver el tema de movilidad tiene que pensarse en un viaducto no en un ecocidio.

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