Representante Andrés Calle dice que hay “intereses electorales” en proceso

Consejo de Estado admitió abrir en su contra una investigación para la pérdida de la investidura por presunto conflicto de intereses.

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Luego de ser notificado por el Consejo de Estado que admitió abrir en su contra una investigación para la pérdida de la investidura por presunto conflicto de intereses, el representante a la Cámara de Córdoba, Andrés Calle, manifestó que detrás de la demanda hay solo “intereses electorales” de un sector político que le es adverso.

Calle, quien es congresista del Partido Liberal, sostuvo que seguirá el proceso judicial y mostrará las pruebas de que no está inhabilitado, y reiteró que detrás que hay intereses electorales para “sacarlo del camino”, porque él ha hecho de forma constante la denuncia de que el narcotráfico ha trabajado con algunos políticos de la región.

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En un comunicado del equipo defensor de Calle se indicó que “a simple vista, los pretendidos ataques en contra del representante tienen claramente una motivación electoral, esto llama la atención si se tiene en cuenta que en reiteradas ocasiones él, desde el Congreso, ha denunciado la presencia de dineros del narcotráfico en las campañas políticas”.

Para Calle, la demanda está sustentada sobre conjeturas y no presenta pruebas que comprometan al legislador, lo que demostraría que no hay tal conflicto de intereses y que el Consejo de Estado actuará en derecho como siempre lo ha hecho.

“Los demandantes son los señores Moisés Ramón Nader y Juan Carlos Marchena quienes en el pasado fueron alcaldes del municipio de donde es oriundo el representante Calle (...) sus administraciones se caracterizaron por las irregularidades administrativas y el abandono ciudadano. Estos sujetos intentan volver a la arena política aliándose con el candidato José David Cura, quien ha ocupado los titulares de diferentes medios por sus presuntos nexos con el narcotráfico”, señala la defensa de Calle.

Finalmente señaló el congresista liberal que “esta es una prueba más de la temeraria oposición de Montelíbano, Córdoba. Ellos han venido demandando en cada ocasión y judicializando la política. Realmente es desafortunado pero no hay ningún asidero jurídico”.

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