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Tribunal tumbó decreto que dejó a Boyacá financiar polémico viaje a Panamá

La ordenanza que le permitía a la Contraloría de Boyacá tener un fondo para financiar actividades recreativas de sus funcionarios, fue suspendida.

Caracol Radio conoció en primicia la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, que presenta un nuevo capítulo en la investigación que adelanta la Auditoría General de la República, alrededor de las presuntas irregularidades en los recaudados de la Contraloría de Boyacá.

El escandalo se suscitó en marzo del 2018, cuando la Controlaría de Boyacá cerró sus instalaciones, para que alrededor de 80 funcionarios de esa corporación, viajaran a Panamá, para celebrar el día del hombre y de la mujer, un viaje ‘antiestrés’ para los trabajadores, al cual también asistió el Contralor departamental, Pablo Augusto Gutiérrez Carrillo. Incluso, algunos exfuncionarios de la entidad, que para la época de la actividad recreativa, laboraban como funcionarios de la Gobernación de Boyacá.

El ‘pecado’ en este caso, es según la Auditoria General de la República, que el viaje, considerado como extravagante por los entes de control, se habría financiado con recursos del Fondo de Bienestar de la Contraloría de Boyacá, que según la Auditoria General, corresponden a dineros del erario público, pues ese fondo, sostiene o basa su patrimonio en los dineros recaudados por la Contraloría, de las multas y sanciones a funcionarios públicos del departamento y otros rubros.

Por eso, el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, demandó la ordenanza creada por la Asamblea de Boyacá, que decretaba y autorizaba la creación y uso del Fondo de Bienestar Social de los servidores públicos de la Contraloría General de Boyacá, para evitar más excentricidades, y para proteger los recursos públicos que en este se manejan para beneficio de los servidores públicos.

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En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, se pronunció, y ordenó como medida cautelar, la suspensión provisional de la ordenanza que creó el fondo, por carecer de fundamento constitucional y legal.

Los magistrados del Tribunal explicaron que “la parte demandante solicita la suspensión provisional de los efectos de la Ordenanza No. 13 de 28 de mayo de 2007, ‘por la cual se crea el Fondo de Bienestar Social de los servidores públicos de la Contraloría General de Boyacá y se dictan otras disposiciones', proferida por la Asamblea de Boyacá, al considerar que la iniciativa ante la corporación para la creación del Fondo de Bienestar Social no recaía en el Contralor departamental, sino que dicha facultad era exclusiva del Gobernador del Departamento”.

Sostuvieron que “los contralores departamentales tienen la iniciativa frente a las asambleas, pero únicamente en lo que atañe a la organización de dicho ente de control y no en lo relacionado con la modificación de la estructura de la administración departamental. Por lo que, para la expedición de la Ordenanza 13 de 2007, el Contralor departamental no tenía la facultad de presentar el respectivo proyecto, siendo que dicha facultad recaía únicamente en el Gobernador”.

Corroboró la posición de la Sala, la lectura de los artículos 267 y 26816 de la Constitución, pues de ellos se desprende que las funciones del Fondo de Bienestar Social de Empleados de la Contraloría General de Boyacá no encuadraban dentro de los objetivos propios de la entidad encargada del control fiscal.

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A juicio de la Sala, la Ordenanza 13 de 2007 modificó la estructura de la administración departamental, teniendo en cuenta que se está creando una nueva entidad u estructura orgánica pública. Pues las funciones del Fondo "no guardan relación con los objetivos de la Contraloría General de Boyacá y por ende, el proyecto de Ordenanza debía contar con la iniciativa del Gobernador”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la Ordenanza 13 de 2007, vulnera la distribución de competencias, contendida en la Constitución y el Decreto 1222 de 1986, circunstancia que impone acceder a la solicitud de suspensión provisional de la Ordenanza No. 13 de 2007.

“Consecuente con lo hasta aquí expuesto y como el cargo relacionado con la iniciativa para presentar el proyecto de Ordenanza prospera, la Sala se releva de analizar los demás cargos expuestos en la solicitud de medida cautelar. Por último, teniendo en cuenta que, la medida cautelar aquí decretada consiste en la suspensión provisional de un acto administrativo, en atención a las previsiones del artículo 232 del CPACA, no se impondrá caución”, sostiene el fallo.

Asimismo, consideró la parte actora que “el Fondo de Bienestar Social pertenece a un órgano de control territorial y no se encuentra adscrito a una entidad descentralizada de la rama ejecutiva, sumado a ello su finalidad es contraria a los intereses públicos, teniendo en cuenta que solo busca privilegiar a un grupo reducido y determinado de personas”.

Precisado lo anterior, “observa la Sala que el argumento principal expuesto por el apoderado de la entidad demandante, a efectos de que se suspenda provisionalmente el acto administrativo acusado, tiene que ver con la ausencia de fundamento constitucional y legal del Contralor Departamental para presentar proyecto de Ordenanza para la creación de entidades. En tal sentido procede la Sala a analizar si el Contralor General de Boyacá tenía legalmente la iniciativa para presentar el proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental de Boyacá, en aras a que se creara el Fondo de Bienestar Social de los servidores públicos de la Contraloría General de Boyacá”.

De esta forma, quedan congelados todos los efectos de la ordenanza, y por ahora los funcionarios no podrán disponer del fondo para financiar sus actividades recreativas.

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