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A propósito del mejor abogado…

Columna de opinión de Fredy Antonio Machado López

 

Existen frases que surgen producto de las circunstancias y que procuran impactar en la conciencia social con la fuerza de una denuncia o con la fortaleza de una gran verdad. Son frases que se propagan de boca en boca y circulan por las redes y circuitos sociales hasta consolidarse y alcanzar la categoría de “Memes”.

 

En estos días, a los judiciales de Colombia, a quemarropa, se nos enrostró uno de esos “Memes” a propósito de una libertad concedida a un ciudadano en el desarrollo de un proceso penal y que ha sido mal visto por la sociedad civil.

 

La frase es: “El mejor abogado penalista de Colombia se llama, vencimiento de términos”.

 

Los judiciales podríamos responder, desde el punto de vista estadístico, que no es cierto que todos los procesados privados de libertad se les excarcela por este fenómeno pues sólo se trata de casos muy excepcionales.

 

Sin embargo, con el paso de los días, el argumento de los judiciales -o la posible respuesta-, ha ido perdiendo consistencia y ello se debe a una razón estructural que el país se niega aceptar muy a pesar de que en las últimas protestas judiciales el tema ha sido incluido como motivo de conflicto. Ocurre que la planta de personal y la infraestructura con la que funciona la Justicia en Colombia, no responden a la demanda del servicio.

 

Las limitaciones de la planta de personal de la Justicia en Colombia resultan desproporcionadas si se tiene en cuenta el número actual de jueces y Fiscales. En su momento, esa nómina bien pudo satisfacer a plenitud las exigencias de la sociedad colombiana pero a finales de los años 90’s.

 

En otras palabras, hoy por hoy, a los Jueces Colombianos en las grandes y medianas ciudades se les impone una carga de trabajo equivalente a unos cinco juzgados, ello teniendo en cuenta que la cifra razonable de procesos que puede conocer un juzgado, se aproxima a los 120 o 200 expedientes. Despachos judiciales con 1.000 y hasta 3.000 procesos son insostenibles.

 

En ese contexto, el poder legislativo y el poder ejecutivo, son conscientes que los códigos de procedimiento consagran garantías sin tener en cuenta la congestión judicial y con el propósito de desprestigiar a la Justicia.

 

Un proceso debe perfeccionarse en un plazo razonable, pero de ninguna manera pueden desatenderse o descuidarse, las posibilidades reales de la planta de personal de la Justicia.

 

Y, se hace necesario crear unos juzgados especiales que atiendan en exclusiva, los procesos con la etiqueta de asuntos de “interés nacional”, mientras el Gobierno se decide por fin a incrementar la planta de personal, mejorar la infraestructura, optimizar la tecnología y nivelar los ingresos de los judiciales.

 

También tenemos que tener en cuenta el número exagerado y extraordinario de punibles que se realizan en el país. Una media de 25 homicidios mensuales en una ciudad intermedia, por ejemplo, es muy crítica. Se impone entonces, una Policía Judicial muy fuerte y un mayor número de Fiscales.

 

La policía judicial también tiene las mismas limitaciones en su número y en su infraestructura, y ese hecho objetivo lo conoce la delincuencia y, por ello, conscientes de esa omisión estatal, los forajidos desafían las instituciones.

 

Las protestas judiciales siempre han sido descalificadas por la prensa sin que se investigue a profundidad la validez de sus razones, pero el país judicial admite la seriedad de las pretensiones de Asonal Judicial -así no compartan el procedimiento-, y el sector sindical en verdad no ha encontrado una vía distinta para dar a conocer tamaña realidad con el fin de que el Gobierno atienda sus reivindicaciones.

 

En estos momentos, en los que en parte se han silenciado las balas de la guerra, un porcentaje del presupuesto que se dejará de usar en material bélico deberá invertirse en Educación, Salud y Justicia. En el caso de la Justicia, se impone una reingeniería al Consejo Superior de la Judicatura en procura de que su gerencia asuma una verdadera representación de los jueces -no lo están haciendo- y que se desempeñen a la altura de su compromiso.

 

Los términos se vencen -sencillamente- porque los Jueces están sobrecargados con un exagerado número de procesos que superan sus posibilidades. Lo primero que debe hacerse para equilibrar este orden injusto es entrar a definir la carga razonable de procesos de cada juzgado atendiendo su especialidad, para así poder fijar el número de jueces que debe conformar una planta de personal óptima. En ese momento, se terminan las excusas de los jueces...

 

Es imprescindible que la sociedad colombiana asimile y entienda la verdadera problemática de la Justicia (sus limitaciones) para evitar que se siga fomentando su desprestigio por tantos necios que llegan a conclusiones ligeras y superficiales sin entender que estamos ante un problema estructural.

 

Y, el día en que se consolide esa planta de personal para la Justicia con una mejor infraestructura, entonces sí se podrá hablar de equilibrio de poderes y el habilidoso señor, el habilidoso abogado “vencimiento de términos” dejará de ser el mejor.

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