Asistente de un fiscal hacía negocio con procesos de homicidio en Boyacá
Le dieron casa por cárcel a un funcionario de la fiscalía en Sogamoso, por presuntos actos de corrupción donde pedía plata por favorecer a procesados.
Asistente de un fiscal hacía negocio con procesos de homicidio en Boyacá(Colprensa / Archivo)
Tunja (Colombia)
Interceder de manera favorable para los procesados, era lo que al parecer les ofrecía Rafael Sierra Avella, un asistente de un fiscal en una sala de denuncias de Sogamoso (Boyacá), a cambio de plata por mover el proceso. De acuerdo con los elementos recaudados, el funcionario cobraba dependiendo de la complejidad del acto corrupto que dentro de la fiscalía tenía que ‘mover’ para ayudar o intervenir en decisiones judiciales en las que se reconocieron beneficios como detenciones domiciliarias.
Por ejemplo, el mismo ente acusador constató que dos personas vinculadas a investigaciones por diferentes delitos habrían sido contactadas por un asistente de fiscal adscrito a la Sala de Denuncias de Sogamoso (Boyacá), quien les habría exigido entre 500 mil y 2 millones de pesos para interceder en los procesos judiciales y otorgarles casa por cárcel.
En la Dirección Seccional de la Fiscalía en Boyacá fue recibido un anónimo en el que se informaron supuestos actos irregulares en los que estaría involucrado el funcionario de la entidad.
Según testimonio de las víctimas, Sierra Avella, aparentemente se ubicaba en los accesos de la sede de la Fiscalía en Sogamoso, atendía a los usuarios, escuchaba los requerimientos, tomaba los números telefónicos y posteriormente los citaba en sitios comerciales para solicitarles dinero.
Los dos casos en los que estaría implicado el funcionario tienen relación con una
investigación por homicidio y otra por violencia intrafamiliar. El material probatorio y los controles técnicos realizados indicarían que podría haber más víctimas.
Por estos hechos, de corrupción en administración de justicia, Sierra Avella fue imputado como presunto responsable de concusión. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos imputados. Por su parte, la fiscal de conocimiento solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario; sin embargo, el juez de control de garantías otorgó detención domiciliaria.
