Corrupción

Destituidos e inhabilitados 2 alcaldes locales de anterior administración

Los ex Alcaldes de Puente Aranda y Engativá inhabilitados por 10 y 12 años.

Según indicaron desde la Personería de Bogotá, fueron destituidos e inhabilitados en primera instancia, por 12 y 10 años, respectivamente a los exalcaldes locales César Henry Moreno Torres, de Puente Aranda y Carlos Mauricio Naranjo Plata, de Engativá por irregularidades en la suscripción de convenios.

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Los convenios de asociación son una figura jurídica excepcional para impulsar programas y actividades previstas en los planes de desarrollo, pero no para adquirir, abastecerse de un bien o producto, en los cuales el contratista cumple órdenes expresas de la entidad estatal, como ocurrió con en la Alcaldía de Puente Aranda.

Puente Aranda

La Alcaldía local celebró en forma directa un convenio de asociación con la Corporación Investigativa del Medio Ambiente, por más de 400 millones, para fortalecer la gestión entorno a los riesgos y el cambio climático, pese a que el objeto, y en especial, las obligaciones del contrato no son propios de esta figura excepcional.

La investigación disciplinaria determinó que el alcalde local debió efectuar una convocatoria pública para contratar los bienes y servicios que adquirió con el convenio, hecho con el que desconoció los principios de transparencia y selección objetiva que rigen los contratos estatales.

Engativá

La Alcaldía Local de Engativá suscribió el convenio interadministrativo con la Universidad Surcolombiana con el fin de ejecutar las acciones necesarias para propiciar el desarrollo cultural y patrimonial de la localidad.

Durante la ejecución del convenio en el componente espacio para la cultura la Universidad realizó eventos y actividades que demandaron el suministro de algunos bienes y servicios, entre otros, sonido de 20 mil vatios, techo triangular para producción, carpas tipo camerino y hangar, luces robóticas, cámara de humo, muro de contención, micrófonos inalámbricos, tarima 10x12, planta eléctrica, operarios de producción y ambulancia medicada. Todos ellos con un costo que superan los $2 mil millones.

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De acuerdo con el fallo, la alcaldía no debió realizar la suscripción y la ejecución del convenio, por cuanto su naturaleza jurídica y su función educativa es la de promover e impulsar la educación superior en el departamento del Huila y en los territorios nacionales del sur del país.

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