Ex concejal tendrá que pagar millonaria multa por presunta corrupción

El exconcejal Orlando Parada deberá reparar en más de $1.800 millones, a la Unidad de Mantenimiento Vial.

Orlando Parada Díaz /

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al exconcejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz, al pago de $1.846’529.317 a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, como reparación económica por los perjuicios causados en el marco del denominado “Carrusel de la Contratación”.

En desarrollo del proceso penal se comprobó que Parada Díaz utilizo´ sus influencias para que Iván Alberto Díaz Daza exdirector de la UMV, lo favoreciera con el nombramiento de personas recomendadas, para ocupar cargos en la entidad, la adjudicación de contratos de prestación de servicios y la obtención de recursos económicos para financiar su campaña política como concesión por la adjudicación de contratos.

Así las cosas, una vez en firme la sentencia penal, en mayo de 2016 la UMV radicó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, la solicitud de apertura de incidente de reparación integral.

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El referido incidente se instaló en 2017 y luego de múltiples audiencias una vez practicadas la totalidad de las pruebas, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá consideró no probados los perjuicios que alegaba la UMV.

Entre los argumentos que fundamentaban su decisión, se manifestó que: el perito presentado por la UMV para tasar los perjuicios, al momento de realizar el dictamen, no se encontraba inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, como lo establece la Ley 1673 de 2013.

No obstante, lo anterior, una vez presentados en apelación los argumentos de la UMV, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá desvirtúo el fallo de primera instancia y resolvió “condenar a Orlando Parada Díaz, al pago de $1.846’529.317, a favor de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”.

La Unidad de Mantenimiento Vial celebró la decisión adoptada por el Tribunal de Bogotá, ya que la misma constituye un precedente judicial importante en la lucha del Distrito por el logro del resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la corrupción y es un mensaje positivo para los bogotanos.

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