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Invasiones

Advierten que invasores pretenden confundir a la Alcaldía de Cartagena

La Fundación Mario Santo Domingo hizo un llamado a las autoridades de la ciudad a que tomen acciones ejemplarizantes contra la delincuencia organizada

Ante la sentencia de la Corte Constitucional, que permitió recuperar un lote de aproximadamente 47 hectáreas, ubicado en el kilómetro uno sobre la vía de La Cordialidad, perteneciente al Macroproyecto de Interés Social Nacional más grande del país, Ciudad del Bicentenario, el grupo ilegal de reclamantes de tierras conocidos con el nombre “los Vera-Hernández” pretende confundir a la administración pública.

La Fundación Mario Santo Domingo, reiteró a la opinión pública que, por las vías de hecho, estas personas en coordinación con ciertos inspectores de policía han perturbado el desarrollo del Macroproyecto el cual está destinado a recibir cerca de 200.000 personas y una vez más, hace un llamado a las autoridades de la ciudad a que tomen acciones ejemplarizantes contra la delincuencia organizada.

La disputa sobre este predio comenzó con el otorgamiento irregular de un amparo policivo, con el cual, una mafia profesional de invasores que azota a la región, lo reclamó a su nombre. Así pues, la sentencia T-176 de 2019 decidió revocar tal resolución irregular emitida por los inspectores de policía del caso, así como la sentencia del 2 de agosto de 2018 del juez Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, en la que se declaró improcedente la tutela por violación al debido proceso y fallas procedimentales.

Álvaro González, gerente integral de Ciudad del Bicentenario, afirmó que “el fallo de la Corte es muy importante, ya que esta modalidad delictiva que se ha visto en otros casos de tierras en la ciudad, empieza a ser revisada por parte de las autoridades judiciales del orden nacional. Esto es un claro golpe a la corrupción de funcionarios que por medio de actuaciones irregulares favorecieron a mafias de invasores”.

Desde el mismo momento en que las irregularidades fueron cometidas las denuncias penales y disciplinarias fueron interpuestas ante las autoridades competentes, ahora con la sentencia de la corte, hemos solicitado la intervención de la Procuraduría para que sancione a los funcionarios y contratistas que delinquieron. Asimismo, hemos solicitado dicha intervención para que las autoridades locales actúen en defensa de lo ordenado por la ley y no se dejen amedrentar por una manifestación paga.

La Fundacion Mario Santo Domingo, afirmó que seguirá siendo respetuosa de las leyes, pero la preocupación ronda en que las actuaciones de las autoridades locales no obedezcan a este mensaje de urgencia que afectaría a más de 50.000 familias que pudieran estar habitando el Macroproyecto más grande del país, “Ciudad del Bicentenario”.

 

 

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