Se agrava el hacinamiento en las cárceles de Antioquia

“No hay espacio para uno más”, revela la Gobernación de Antioquia.

Para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, la Dirección General del Inpec, definió el traslado de 154 reclusos hacia diferentes cárceles del país.

“Todos los centros de reclusión del departamento sin excepción alguna se encuentran en hacinamiento, incluyendo las estaciones de policía y los centros transitorios de detención como el edificio sede de la Fiscalía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI)”, expresó la secretaria de Gobierno Departamental, Victoria Eugenia Ramírez Vélez.

Antioquia tiene 20 centros de reclusión y es el departamento que más tiene en todo el país, de acuerdo con las cifras entregadas por el Inpec.

“Sabemos que existe el hacinamiento en las cárceles de Antioquia, de allí la importancia de hacer este tipo de traslados y no correr el riesgo de que si persisten los niveles dramáticos de hacinamiento de los reclusos el sistema colapse en su totalidad”, explicó la funcionaria.

En los 20 centros carcelarios administrados por el Ministerio de Justicia, ubicados en Antioquia, albergan a 3.934 reclusos sindicados, cuya custodia y vigilancia es responsabilidad de las entidades territoriales.

La Secretaría de Gobierno Departamental advirtió que la labor misional que le asiste a la Gobernación de Antioquia, es la de “acompañar la política penitenciaria y carcelaria del Departamento”, conforme al Decreto 2575 de 2008.

La señora Ramírez Vélez manifestó que “con todas las entidades competentes en el tema penitenciario y carcelario, se viene analizando la situación compleja de crisis y adoptando una serie de compromisos para el mejoramiento de las condiciones de los privados de la libertad en esta región del país”.

La Gobernación de Antioquia mantiene un análisis constante de los convenios entre municipios y el Inpec, para darle agilidad en el trámite de subrogados penales, solicitudes de libertad y flexibilidad en la medida que la ley lo permita en la concesión de beneficios judiciales, posibles proyectos de infraestructura carcelaria en las subregiones, entre otros” concluyó la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez Vélez.

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