NATURALEZA

Decisión del TAQ regula sentencia de la Corte Constitucional sobre minería

La gobernación del Quindío aclaró que no tiene competencia para invalidar acuerdos de los concejos municipales.

Tras la polémica causada luego de conocerse la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío que invalida el acuerdo 01 de este año aprobado por el Concejo Municipal de Salento y que buscaba frenar la minería en esta población, la gobernación del Quindío a través de un comunicado aclaró que la decisión, lo que hace es acogerse a la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que establece que la competencia para regular los recursos mineros es del estado, tras estar en el subsuelo que le pertenece a la nación… El secretario Jurídico encargado del Quindío Víctor Alfonso Vélez, dijo que cuando el acuerdo municipal llegó a la gobernación del Quindío, como todos los acuerdos que se expiden en los municipios para la revisión de legalidad y constitucionalidad por parte de la secretaría Jurídica, se procedió a verificar si las disposiciones que adoptaba son concordantes con la Ley y la Constitución, pues teniendo en cuenta la sentencia de unificación 095 de 2018, de la Corte Constitucional, sobre las facultades de los entes territoriales alrededor de los recursos naturales no renovables, se decidió enviar dicho acuerdo al Tribunal Administrativo del Quindío para que este alto tribunal decidiera si el acto del concejo municipal de Salento iba en contra o no a la Constitución y la ley.

Por su parte el procurador agrario y de tierras nacional Diego Trujillo dijo que respetando la decisión del TAQ, lo que llama la atención es la posición de la gobernación del departamento, tras no tener articulación con los alcaldes, en lo que tiene que ver con la protección del territorio, pues aparentemente con esto, se defiende más las posibles regalías que puedan llegar, por encima del territorio.

De todas maneras, la sentencia del TAQ lo que hace es regular la competencia de los entes territoriales para prohibir la minería en sus territorios que, según La Corte Constitucional, los municipios no tienen competencia para evitar la explotación de los recursos mineros, pues están en el subsuelo y este le pertenece a la nación.

 

 

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