Judicial

Ordenan reubicar a 259 afectados por canalización de arroyo en Barranquilla

La Corte Constitucional señala al Distrito de omitir medidas para disminuir riesgos por inundación y acceso a sus viviendas

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259 personas residentes en 48 viviendas vecinas al arroyo Hospital en Barranquilla deberán ser reubicados por existir “una amenaza inminente de los derechos fundamentales” tras las obras de canalización que adelanta el Distrito de Barranquilla, señaló la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional.

“Según los accionantes, las casas quedaron un metro por debajo del nuevo nivel del mismo, y por lo tanto, los accionantes deben subir y bajar por la media puerta que quedó a la vista para salir o entrar a sus viviendas. Aseguran que la situación se complica cuando llueve, toda vez que las casas se inundan, las aguas se estancan produciendo contaminación ambiental y se convierte en un factor de deterioro de la salud”, expresa la Corte.

Para el alto tribunal la causa de la amenaza a los derechos de los accionantes se da por “omisión de la Alcaldía Distrital de adoptar medidas para mitigar el impacto que trae consigo la construcción del canal contiguo a sus viviendas, que, si bien su fin último es el bienestar de los mismos accionantes, mientras se termina la obra pública, constituye una amenaza a sus derechos fundamentales”.

Para la Corte, la situación es más gravosa si se tiene en cuenta que dentro de los afectados hay 61 menores de edad, 6 adulto mayor y tres personas en condición de discapacidad.

En la Sentencia, la Corte ordena a la Alcaldía Distrital de Barranquilla adelantar las gestiones necesarias para verificar el riesgo actual de inundación que recae sobre cada una de las viviendas de los accionantes.

Una vez se adelante la evaluación, la Alcaldía deberá ofrecer a los accionantes, sobre cuyas viviendas persiste el riesgo de inundación que amenace su seguridad personal y el de su familia, propuestas viables y eficaces que garanticen de manera oportuna la protección de sus derechos fundamentales, dentro de las cuales debe contemplarse la reubicación de manera transitoria hasta tanto cese el riesgo o de manera definitiva si el mismo no se logra mitigar.

La corte señala que los mecanismos de protección que se acuerden deberán ejecutarse y cumplirse un mes siguiente a la notificación de la sentencia y pide a la Personería Distrital de Barranquilla y la Procuraduría General de la Nación acompañar el cumplimiento de las órdenes.

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