Se recuperó lote en Ciudad del Bicentenario: golpe a los invasores ilegales

Cartagena de Indias

Gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, se llevó a cabo un operativo para recuperar un lote de aproximadamente 47 hectáreas, ubicado en el kilómetro uno sobre la vía de La Cordialidad, perteneciente al Macroproyecto de Interés Social Nacional más grande del país, Ciudad del Bicentenario, con el cual, se espera dar vivienda a 50.000 familias de bajos recursos y en condición de vulnerabilidad de Cartagena.

La disputa sobre este predio comenzó con el otorgamiento irregular de un amparo policivo, con el cual, una mafia profesional de invasores que azota a la región, lo reclamó a su nombre. Así pues, la sentencia T-176 de 2019 decidió revocar tal resolución irregular emitida por los inspectores de policía del caso, así como la sentencia del 2 de agosto de 2018 del juez Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, en la que se declaró improcedente la tutela por violación al debido proceso y fallas procedimentales.

Álvaro González, gerente integral de Ciudad del Bicentenario, afirmó que “el fallo de la Corte es muy importante, ya que esta modalidad delictiva que se ha visto en otros casos de tierras en la ciudad, empieza a ser revisada por parte de las autoridades judiciales del orden nacional. Esto es un claro golpe a la corrupción de funcionarios que por medio de actuaciones irregulares favorecieron a mafias de invasores”.

A su vez, la Corte reprochó la no suspensión de la diligencia del 23 de febrero de 2019 a pesar de la inasistencia de la Fundación Mario Santo Domingo, lo cual configura un defecto procedimental absoluto, en cabeza del inspector de policía de Bayunca de la época, Luis Alberto Mendoza Ferrer, quien actuó por fuera de lo establecido en las normas existentes.

Así pues, el operativo que se realizó, logró que el proceso de disputa sobre los predios sea devuelto al estado ordenado por la Corte Constitucional y busca que el mismo continúe con todas las garantías ofrecidas por la ley, con la observación por parte de las autoridades de control para que no vuelvan a vulnerar los derechos tal como está sucediendo.