Compensan a reclamantes de tierras en San Jacinto, Bolívar

Los predios en restitución suman 84 hectáreas y se encuentran ubicados en el corregimiento Las Palmas, zona rural de esa población

La justicia especializada en restitución de tierras ordenó la compensación con tierras para cinco familias campesinas, víctimas de desplazamiento forzado del municipio de San Jacinto, y reconoció la buena fe de quienes se presentaron como opositores en el proceso, permitiéndoles continuar como propietarios de los predios solicitados.

La Directora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Bolívar, Mileth Agámez López, celebró la decisión del Tribunal y aseguró que “la situación de los segundos ocupantes es uno de los desafíos que encontró el nuevo Gobierno en los territorios, especialmente en la región de Montes de María. Hemos asumido el reto, entendiendo que es un tema que requiere atención especial para evitar nuevas afectaciones a campesinos; y teniendo en cuenta que el proceso de restitución vela porque sea cumplido el debido proceso”.

Las parcelas se desprenden de un predio de mayor extensión adquirido por el Incora en 1994, con fines de reforma agraria. Un comité de campesinos, del que hacían parte los reclamantes, explotó las tierras por varios años mediante el cultivo de yuca, ñame, maíz y el pastoreo de ganado.

En espera de la adjudicación del predio, los parceleros resistieron los continuos actos de violencia que grupos armados ilegales cometieron en el municipio, entre los que se cuentan homicidios selectivos, robo de ganado y amenazas. En septiembre de 1999 la barbarie sacudió al corregimiento Las Palmas: el bloque Montes de María de las AUC perpetró una masacre en la que fueron asesinadas cuatro personas, obligando a la población a un desplazamiento colectivo.

Luego de lo ocurrido, los solicitantes temían volver a las tierras y otros campesinos de la población ingresaron a cultivarlas. En 2012 el Incoder emitió la resolución de adjudicación del predio a favor de quienes, en esa fecha, explotaban económicamente el predio.

Por medio de la gestión de la URT, este caso pudo ser dirimido en los estrados judiciales y, finamente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena le ordenó a la entidad compensar a las cinco víctimas reclamantes con la entrega de un predio de similares características al solicitado y otorgar beneficios que permitan el mejoramiento de sus condiciones de vida. Por otra parte, dispuso mantener incólume la resolución de adjudicación emitida por el Incoder en 2012, garantizando los derechos de los campesinos a los que se les adjudicaron las tierras y que, actualmente, se encuentran trabajándolas

 

 

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