MinMinas estaría desacatando órdenes sobre Electricaribe

Santa Marta

El Ministerio de Minas , la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg –, siguen sin cumplir los procesos de diálogo impuestos por la Justicia, luego que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenara hacer efectiva las dos medidas cautelares solicitadas por el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar y vocero del Movimiento Fuerza Ciudadana.

Dichas medidas consisten en no aumentar las tarifas y el cambio del operador en la Región Caribe sin la socialización con la comunidad. Las tres entidades nacionales optaron por conciliar las fechas de las 28 mesas de trabajo ordenadas por la Justicia, ante el posible perjuicio por desacato que podrían sufrir estas Carteras.

Es así que la conciliación se realizó en Barranquilla ante la Procuraduría 118 Judicial II Administrativa y que estuvo a cargo de Juan Antonio Spirko, quien ofició como garante.

Al respecto, Carlos Caicedo Omar se refirió al tema, enfocándose en que la solicitud que hizo para que se definieran estas audiencias públicas. “Estuvimos en reunión de conciliación citada por la Procuraduría, tras una solicitud que interpusimos para organizar las audiencias públicas ordenadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con fundamento en las medidas cautelares que nos fueron concedidas en acción popular contra Electricaribe. Así mismo, participaron representantes de la SuperServicios, del Ministerio de Minas y la Creg, en cumplimiento de las medidas. La reunión concluyó en la cita de otra reunión, debido a que los delegados de las entidades implicadas, manifiestan haber solicitado al tribunal aclaraciones sobre la cautela”, señaló Caicedo.

El funcionario dijo además que ante la dilatación del proceso, la responsabilidad de convocar al ajuste tarifario es de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg –; y en cuanto a la escogencia del nuevo operador de energía, corresponde a la Superintendencia y al MiniMinas, toda vez que son esas entidades las que deben organizar el componente logístico concertado con el actor popular, teniendo en cuenta que la decisión judicial –así no la compartan– debe ser acatada.

“En defensa de los usuarios no podemos consentir demoras en el cumplimiento del fallo por parte de las entidades prestadoras o reguladoras del servicio, a riesgo de incurrir en desacatos. Las tarifas no pueden aumentar o contratar nuevos operadores hasta tanto no exista concertación”, mencionó.

Las declaraciones dadas por el vocero del Movimiento Fuerza Ciudadana se basan en la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico, que profiere: “la Creg, que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados, en los cuales Electricaribe presta sus servicios, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar”.

Con relación a este mismo punto, la Justicia precisó: “Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.

Del mismo modo, la segunda medida cautelar decreta que “la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos”.

Por otro lado, el exalcalde Caicedo concluyó diciendo que espera la respuesta del Tribunal Administrativo a las tres Carteras nacionales, con el fin de que los usuarios del servicio de energía sean los mayores beneficiados.

“Esperamos que se concrete un calendario para dar inicio a las audiencias públicas, en cada departamento del Caribe, con participación de los alcaldes y los vocales de control, en representación de los usuarios. Estas medidas cautelares pretenden que los subsidios se amplíen y que la empresa pase a ser de carácter pública, porque la empresa con participación de las entidades territoriales y los usuarios es la participación ciudadana, de manera que no se tomen decisiones sin escuchar a los usuarios de la región”, finalizó.