Justicia

Procuraduria General de la Nacion

Procuraduría abre investigación contra gobernador y rector de la Uniquindío

Según el ministerio público el consejo superior del alma máter incumplió fallo judicial

El gobernador es el presidente del Consejo Superior de la Universidad del Quindío

El gobernador es el presidente del Consejo Superior de la Universidad del Quindío / Cortesía gobernación Quindío

Quindío

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 9 integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Quindío por presunto incumplimiento de un fallo judicial.

Según el ministerio público investigación cobija al gobernador del Quindío como presidente del Consejo de Superior de la Universidad del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y los integrantes del consejo superior Ángela María Alzate Manjarrés, Raquel Díaz Ortiz, Carlos Iván Correa Valencia, Álvaro Córdoba Nieto, Carlos Aníbal Blandón Jiménez, Juan Farid Sánchez López, José Wilder Rodríguez Obando y el rector del alma máter José Fernando Echeverry Murillo.

La procuraduría busca determinar si los funcionarios pudieron incurrir en falta disciplinaría porque al parecer los integrantes del consejo universitario no llevaron a cabo, las acciones ordenadas por un juzgado para la implementación del sistema de carrera especial, para el personal administrativo de la mencionada universidad.

Cabe recordar que el fallo en mención esta desde el 2013 por el juzgado segundo administrativo y confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío el 2 de mayo de 2017, que en su parte motiva señala que “a la universidad se le dio un plazo de 180 días contados a partir del 1 de abril de 2017, y se dio una prórroga el plazo de los 180 días, comprometiéndose la entidad a ‘sacar’ el concurso para el mes de agosto de 2018, fecha que tampoco se cumplió.

En su momento el rector de la Universidad del Quindío José Fernando Echeverry manifestó que cumplir el fallo del tribunal el costaría a la institución de educación superior más de 1300 millones de pesos.

La procuraduría decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

 

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