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Tribunal Administrativo tumba contrato de concesión de licores en Boyacá

El contrato fue adjudicado por el gobernador Miguel Ángel Bermúdez y esa decisión le costó la destitución e inhabilidad por parte de la Procuraduría.

Tribunal Administrativo tumba contrato de concesión de licores en Boyacá

Tribunal Administrativo tumba contrato de concesión de licores en Boyacá / C.C Stands159

Tunja (Colombia)

Por posible detrimento patrimonial se anuló la concesión de licores en Boyacá. El Tribunal Administrativo, invalidó el contrato entre la industria licorera y el departamento, por estar viciado con varias irregularidades

En firme quedó la nulidad absoluta del contrato existente entre la industria de licores de Boyacá y el departamento, tras una decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Este litigio viene de la época en que Miguel Ángel Bermúdez era Gobernador de Boyacá.

El exmandatario de los boyacenses, aparentemente se “autohabilitó” para dar en concesión la explotación del monopolio de licores del departamento.

De acuerdo con el expediente en manos del Tribunal Administrativo de Boyacá, y conocido por Caracol Radio, el mencionado gobernador de esa época, necesitaba de una autorización de la asamblea para dar la concesión, pero al parecer, hizo caso omiso de dicha condición.

Pero ahí no para la historia: cuenta el Tribunal que Bermúdez, habría celebrado casi a dedo el contrato con Licorandes, hoy industria de licores de Boyacá, y habría acordado una remuneración muy desfavorable para el departamento.

Además se habría fundado en estudios que no eran técnicos para justificar la decisión.

“Todo ello le ha representado grandes pérdidas a las arcas del departamento, ya que por ejemplo, el 51% de las rentas obtenidas debían ser destinadas a los servicios de salud y educación del departamento, pero no se tuvo en cuenta”, establecen los hallazgos del Tribunal.

Por estas razones, donde se evidencia que el exgobernador Bermúdez habría violado el principio de planeación y en respuesta a una demanda presentada por la procuraduría general de la nación, el Tribunal ordenó en primera instancia la nulidad del contrato que se suscribió en el 2003 entre el departamento y la unión temporal Licorandes.

La concesión incluye la producción, distribución y venta de licores destilados de los que era titular en régimen de monopolio el departamento de Boyacá.

Además, se le exige a la empresa, devolverle al departamento los bienes recibidos en arrendamiento: instalaciones y plantas de Moniquirá, Tunja y Frutenza, y tambien que le retorne las fórmulas para el procesamiento de algunos licores; maquinaria, laboratorios, muebles y equipos industriales también tendrían que ser devueltos.

Con el ánimo de determinar si hubo o no detrimento patrimonial para el departamento, el Tribunal compulsó copias a la Contraloría General de la Nación, para que investigue a fondo las irregularidades advertidas, “ya que lo pactado en el contrato de concesión y lo otorgado al departamento de Boyacá por concepto de utilidades fue tan sólo un 3%”, dijo en Caracol Radio el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.

Con lo anterior, la salsa de decisión número 1 del Tribunal, le ordenó al gobernador de Boyacá actual, Carlos Andrés Amaya, que “en forma inmediata y sin dilación alguna inicie las actuaciones administrativas necesarias para determinar técnica y financieramente la forma de explotación económica del monopolio de licores que más le convenga al departamento de Boyacá, y que en un término no mayor a 6 meses, promueva el tramite respectivo ante la asamblea departamental a fin de obtener la autorización que ha de requerirse, para la celebración de un nuevo contrato”.

Finalmente, se conformó un comité de seguimiento y verificación de la decisión, y se compulsaron copias a la Procuraduría y a la Contraloría General, para que investiguen los posibles delitos y faltas en los que pudieron haber incurrido quienes celebraron el mencionado contrato.

Además, se envió copia de la providencia anterior al Consejo de Estado donde cursa actualmente en la Sección Tercera una apelación contra una decisión que ya había tomado el Tribunal Administrativo de Boyacá en relación con este tema.

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