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Mineros y dirigentes buscan llegar a un acuerdo

Mineros dicen que realizan un trabajo tradicional, Gobernaciones de Risaralda y Caldas explican que son ilegales

Más de 24 horas de protesta y enfrentamientos entre los mineros informales y el ESMAD se vivieron en el corredor vial de Irra, corregimiento de Quinchía (Risaralda), daños a vehículos y establecimientos comerciales, así como también protestantes y oficiales heridos, fue el resultado de esta manifestación.

El hecho se inició al ser intervenida la zona por la Policía quienes obedecían la orden del gobierno de Caldas de retirar a los mineros que realizan una actividad ilegal en un predio que tiene propietario, los mineros taponaron la vía con llantas y troncos de árboles como protesta a frente a ver violado su derecho a trabajar en una práctica denominada minería de cúbico, no reconocida como legal en el país.

Gobierno de ambos departamentos buscan el diálogo

El gobernador Sigifredo Salazar, manifestó que la protesta de los mineros que se realizó en Irra, no debía haber llegado a las vías de hecho, por lo que rechazó los actos de violencia que se registraron. Indicó que la próxima semana se reunirán las autoridades con los manifestantes.

Por lo pronto se mantendrá el acompañamiento de la policía y el ejército para conservar el orden en este corregimiento y evitar un nuevo bloqueo en esta vía principal que comunica al Eje Cafetero con Antioquia.

Mineros dicen que quieren ser legales, pero no son escuchados

Los mineros resaltan que se debe tener en cuenta el sistema de minería de cúbico que utilizan y con el que se emplean personas no solo de Risaralda y Caldas, sino de todo el país, dicen que el gobierno no tiene la intención de formalizarlos.

Jorge Hernán Palacios, defensor de derechos humanos delegado de la Asociación Nacional de Mineros de Colombia, aclara que las más de mil familias que viven de esta práctica minera, quieren trabajar de manera legal, pero no han sido escuchados, ya en otras ocasiones han realizado encuentros con el gobierno para este fin, pero aún no han recibido sus documentos de legalidad y hoy ven vulnerados su derecho al trabajo digno.

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