Juez de restitución falló sentencia a favor de indígenas Tule, de Urabá

Ordena la restitución de 2.822 hectáreas a la comunidad indígena Tule del resguardo de Arquía, en Unguía, Chocó.

Una sentencia judicial ordena la restitución de los derechos étnicos territoriales a la comunidad indígena Tule, del resguardo de Arquía, conformada por 129 familias y 620 personas.

El territorio ancestral consta de 2.343 hectáreas pero, en la sentencia, se confirmó una ampliación de 478 hectáreas, correspondientes a 8 predios comprados a particulares por el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), pertenecientes al Fondo Nacional Agrario, y 2 que fueron adquiridos por la comunidad.

La comunidad Tule fue afectada desde comienzos de la década de los 80, cuando inició la expansión del Frente 5 de las Farc hacia el Darién chocoano. A finales de esta década, llegaron las autodefensas, lideradas por Fidel, Carlos y Vicente Castaño, en el municipio de Unguía; sucedieron ataques en contra de la población civil y miembros de organizaciones políticas.

Durante los años 90, las amenazas de grupos armados provocaron desplazamientos forzados de indígenas, desapariciones forzadas y homicidios, junto con la apropiación de parte del territorio indígena, hecha por los paramilitares.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Urabá, Elkin Rocha Noriega, aseguró que la voluntad de la entidad es “avanzar de manera decidida con la restitución de los derechos étnicos territoriales de las comunidades indígenas y, con ello, atender a los colombianos más vulnerables entre los vulnerables”.

Mediante la sentencia de restitución fue ordenado reconocer como víctimas a la comunidad Tule del Resguardo Indígena Arquía y al territorio ancestral; la actualización de linderos y amojonamiento de límites del resguardo, por parte de la Agencia Nacional de Tierras; condonación de pago de impuesto predial de los terrenos adheridos al resguardo; el acompañamiento institucional para acceder a la oferta de servicios; protección ambiental y recuperación del bosque; y el goce efectivo de los derechos territoriales de la comunidad, incluidas las familias que se desplazaron hacia Panamá, por causa del despojo.

Hace dos años, un juez reconoció los derechos territoriales de los Embera sobre 3.157,5 hectáreas del resguardo Dogibi, también en el municipio de Unguía.

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