Avanza reubicación de familias afectadas en edificios ilegales en Cartagena

Cartagena de indias

La Alcaldía de Cartagena informó que continúan las acciones tendientes a brindarles el apoyo que requieren las familias afectadas por la constructura de los hermanos Quiroz, que actualmente residen en las edificaciones construidas por estas personas, las cuales tendrán que desocupar sus inmuebles por una orden judicial emanada de la Jueza Tercera Penal Municipal con funciones de control de garantías, en fallo proferido el pasado 30 de enero.

Laura Mendoza, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito, indicó que la administración viene acatando las medidas ordenadas por el fallo para ayudar a estas personas victimas de Constructores Quiroz, cuyos representantes se encuentran privados de la libertad.

La juez dentro de su providencia ordenó cinco acciones específicas para hacer expedito el proceso de evacuación de los inmuebles, las cuales, según explicó Laura Mendoza, varias le competen al Distrito y ya se tomaron decisiones al respecto.

Lo primero que se hizo fue contratar a la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena, para realizar un peritaje para la avaluación de los inmuebles y determinar los montos que de los subsidios que se les tienen que dar a estas familias según el fallo judicial.

Es así como se determinaron distintos montos, basados en los estratos socio económicos, el área de los inmuebles y otras consideraciones técnicas de los 15 edificios en cuestión.

De esta manera el Distrito pagará en un solo contado seis meses de arriendo a cada una de las familias, de la siguiente manera: a quienes residen en edificios del Alto Bosque, el subsidio será de $1.000.000 mensuales, a los de los barrios Los Caracoles y Blas de Lezo $900.000, los del barrio Escallón Villa el subsidio será de $900.000 y a los de los barrios Los Alpes, Chipre y El Recreo, se les reconocerá subsidio de arriendo a razón de $1.500.000 mensuales

Además de ello tanto a propietarios como a arrendatarios, el Distrito les dará un subsidio de $400.000 para la mudanza.

Para ello la administración tendrá que emitir una resolución de pagos, para lo cual se hará una labor de socialización entre los habitantes del Distrito, quienes deben ser censados, luego ser incluidos en el Registro Único de Damnificados y presentar una documentación para poder recibir el pago de los subsidios, entre lo cual debe ir una prueba sumaria que acredite que la persona tiene el dominio o la posesión del inmueble.

Hay un segundo punto ordenado por la juez y tiene que ver con realizar estudios estructurales que se deben hacer de las edificaciones, de lo cual está encargada la Secretaría de Planeación, que contratará con la Universidad Nacional lo pertinente en este caso.

El tercer punto no atañe directamente al Distrito, ya que tiene que ver con los créditos hipotecarios que adquirieron las personas para poder pagar los inmuebles.

La cuarta orden de la jueza va dirigida a eximir a los propietarios evacuados de pagos por servicios públicos una vez hayan salido de los inmuebles, algo que ya está adelantado, por cuanto se hizo una reunión con las diferentes empresas de servicios públicos, que se comprometieron a cesar los contratos con estas familias, desde el mismo momento en que el inmueble quede desocupado.

El Distrito también acató la orden judicial de brindar vigilancia a los inmuebles, para lo cual contratará con una empresa privada durante seis meses, para que vigile las estructuras que estarán vacías, ya que los habitantes los edificios tendrán que salir con la totalidad de sus enseres.