Procuraduría pide al alcalde Peñalosa acciones sobre el relleno Doña Juana

Le dio un plazo de tres días para la entrega de un informe sobre las acciones adelantadas para mitigar la problemática de contaminación.

El viceprocurador, Juan Carlos Cortes González, envió un requerimiento al Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que remita en los próximos 3 días un informe detallado de las acciones adelantadas por el Distrito para mitigar los riesgos derivados de las situaciones presentadas recientemente en el relleno sanitario de Doña Juana.

También solicitó anexar las actas de interventoría del contrato de operación del relleno, y los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos, así como informar sobre las acciones judiciales en curso por la operación del mismo.

Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación visitaron hoy el relleno en compañía de funcionarios del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y encontraron situaciones preocupantes como:

• Inadecuada operación en el relleno sanitario, que daría origen a la generación de malos olores y presencia de moscas, zancudos, ratas.

Esta deficiencia estaría concentrada, especialmente, en el sitio donde ocurrió el deslizamiento de octubre de 2015.

• No se está realizando un adecuado drenaje de los lixiviados, ni efectuando un adecuado tratamiento de los mismos, tal como se evidencia en la descarga de la planta de tratamiento al Río Tunjuelo.

• Presencia de residuos sólidos a la intemperie, lo que implica que no se está haciendo un uso adecuado del material de cobertura tanto de manera provisional como definitiva.

• Presuntamente no se estaría dando cumplimiento a la licencia ambiental aprobada y no habría seguimiento y control a este instrumento por parte de la autoridad ambiental.

• Inexistencia de alternativas de sitios de disposición final.

• No existe un plan de contingencia acorde a la cantidad de toneladas que se disponen en el relleno sanitario (aprox. 6000 ton/día).

Para el Procurador General encargado este es un tema urgente, que requiere de acciones inmediatas por los riesgos ambientales, sociales y sanitarios que implica, así como por la prevalencia de los derechos en juego.

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