Denuncian que auditoría de peajes de Cartagena pidió 250 millones de pesos para cambiar informe

René Osorio, gerente de la concesión se fue lanza en ristre contra los funcionarios de la auditoría

Con graves denuncias contra los auditores de la Contraloría Distrital por presuntos actos irregulares que atentan contra el ordenamiento legal culminó el debate sobre el contrato suscrito entre el Distrito y la Concesión Vial de Cartagena.

El presidente de la empresa Concesión Vial de Cartagena S.A, René Osorio Cruz, aseguró que Eduardo del Río Rodríguez, Wilmer Salcedo Misa y Miguel Torres Marrugo, auditores de la Contraloría Distrital, le exigieron 250 millones de pesos para trasladar la Tasa Interna de Retorno (TIR) al segundo año y favorecer a la concesión en la auditoría, puesto que esta última entidad presentó un informe en enero de 2017 donde asegura que el contrato entre el Distrito y la Concesión Vial culminó el 20 de enero del año en curso.

Frente a las declaraciones de Osorio Cruz, el concejal Edgar Mendoza Saleme afirmó que enviará, en nombre de la Corporación, una constancia al Contralor General de la República, Edgardo Malla Villazón, para que a través del control excepcional conozca las denuncias presentadas. “Es importante porque se evidenciaron manifestaciones de actuaciones irregulares en este recinto de la democracia, y es importante que el Contralor General conozca dicha situación y a la vez brinde al Alcalde de la ciudad de Cartagena a tomar el camino correcto blindando dicho proceso contractual y a la vez le sirve de derrotero para tomar un camino sano para la ciudad”.

Por otro lado, los cabildantes elaboraron un listado de recomendaciones al Departamento de Valorización, a Edurbe, y a la administración Distrital en general con el fin de que se realicen las revisiones necesarias para aclarar el tema y posteriormente tomar las decisiones adecuadas en caso de que sí exista detrimento patrimonial. 

Américo Mendoza Quessep, habló en nombre de todos sus colegas: “Lo que se ha planteado es que se contrate una instancia neutra, sea una universidad o una banca de inversión especializada en los temas financieros para que esta instancia aplique todo el proceso investigativo en forma rigurosa y llegue a las conclusiones que nosotros necesitamos para que se tome una decisión en derecho y ajustada a unos criterios que no impliquen riesgo para el Distrito de demandas posteriores. Es decir, la recomendación en el día de hoy es pedirle al Distrito que no se precipite porque de lo contrario estaría dispuesto a demandas futuras. Una medida cautelar que podría aplicar el Distrito en este caso, es que aunque el recaudo continúe, no autorizar desembolsos a futuro al operador hasta tanto no haya claridad de la cifra, y de esa manera en el evento en que se demuestre que ya se llegó a la etapa final de operación, sea mucho más fácil recuperar lo que vienen pagando los ciudadanos en los peajes”.

Además, el Concejo creará una comisión accidental conformada por un representante de cada bancada para hacer un seguimiento del proceso y de los estudios que se realicen para aclarar la diferencia actual entre las cifras presentadas por las entidades citadas.

Así mismo, Javier Curi Osorio se refirió al modelo matemático planteado en el contrato en mención asegurando que la TIR posee unas limitaciones los que probablemente posibilitaría la existencia de distintas TIR.

“En mi condición de concejal solicito que se aclare la diferencia en las cifras de los informes. Además, me parece pertinente que no solo se presenten estas cifras, sino también se pueda dar a conocer la evaluación del impacto social que ha tenido el contrato; y si Edurbe y Valorización han realizado análisis de sensibilización, nos gustaría conocerlos”, comentó Curi Osorio.

Por su parte, el concejal César Pión González expresó que la Corporación no puede decir quién de las entidades tiene o no la razón en este momento por los conceptos homogéneos que se dieron a conocer, por lo que se solicita la intervención de un órgano superior como la Contraloría General de la República.

“Hoy nos presentan informes que no coinciden. Por ese motivo organizamos el debate, para que se socializaran tanto las conclusiones del informe de Contraloría, como los de Edurbe y Valorización. Hoy el auditor de la Contraloría nos mencionó que existe un plan de mejoramiento que elaboró esa entidad, pues solicitamos copia de ese documento para nosotros estudiarlo también”, dijo.

René Osorio Cruz, presidente de la Concesión Vial de Cartagena S.A. basó su intervención en dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas por distintas entidades al contrato entre su empresa y el Distrito, afirmando que nunca se han encontrado inconsistencias. Mencionó que la Contraloría Distrital en el año 2011 realizó una auditoría y no se mostraron errores en la Tasa Interna de Retorno.

A su vez, aseguró: “Coincidimos con el informe presentado por Valorización y Edurbe. La Contraloría Distrital de Cartagena con los mismos auditores que estuvieron presentes hoy haciendo la presentación de la Contraloría, el señor Eduardo del Río y el señor Wilmer Salcedo, esos mismos auditores practicaron una auditoría integral, no como esta auditoría que fue especial, corriendo de dos meses, y determinaron que la TIR se alcanzaba en el 2019”.

Y con relación a la denuncia de que los auditores le pidieron 250 millones de pesos para hacer un cambio en la TIR comentó: “Yo lo dije claro y ahí están los audios aquí en el Concejo del debate, y me voy a ratificar y así lo hemos planteado a nuestros abogados penalistas de la ciudad de Bogotá para plantear la denuncia.”

“Este ha sido el contrato más revisado en la ciudad, al que se le han hecho análisis por parte de la Fiscalía e incluso firmas privadas, pero nunca han encontrado nada que esté por fuera de la ley, pues el Concesionario siempre ha actuado respetando el marco legal”, dijo Osorio al referirse al informe de auditoría de la Contraloría, que ha puesto a la Concesión Vial en la mira de veedores, saboteadores e incluso de desadaptados sociales que se han atrevido a amenazar a directivos de esa empresa si no se desmontan los peajes.

“No hay detrimento patrimonial”

A pesar de que el Distrito presentó y sustentó con observaciones relacionadas con el informe de auditoría, el equipo auditor de la Contraloría se mantuvo en su posición, por lo que René Osorio advirtió que: “El control fiscal, no está concluido, sino que este es un inicio que podría generar un eventual juicio fiscal que de adelantarse, debe surtirse bajo las reglas del debido proceso y derecho a la defensa, y donde al final, se concluirá que no hay detrimento patrimonial”.

“Es claro que la Contraloría es un órgano de control fiscal, por tanto, el informe no es un acto administrativo obligatorio para el Distrito, ni puede servir de instrumento de orden o coadministración por parte de la Contraloría dirigida al Distrito. La única posición oficial, es la del otro extremo contractual, en cabeza de Distrito de Cartagena, que a través de Valorización, y EDURBE, certificó que el contrato está vigente, que la TIR es calculable, y que ésta no ha alcanzado el porcentaje garantizado del 17,22%; inclusive que ésta se proyecta obtener en el segundo semestre del año 2020 posiblemente”.

Señaló además que el equipo de auditoría de la Contraloría Distrital crea su propia versión de contrato y del modelo financiero. “Inventa periodos contractuales asimilándolos a año calendario, crea reglas de remuneración como la recuperación de la inversión, olvidando que todo está sujeto a la TIR, y desconoce que el origen de nuestros recursos, mientras sean legales, en nada inciden en el compromiso de construir la obra”.

Finalmente, añadió que los valores de excedente, no son detrimento, y se encuentran en el flujo financiero. “Es decir, sí están invertidos en el proyecto y son tenidos en cuenta para el cálculo de la TIR. Por lo tanto, no son recursos ocultos, hasta el punto en que el mismo equipo auditor lo encontró”.

Antecedentes jurídicos, penales y disciplinarios

El concesionario, además de su respuesta, aporta un cúmulo de antecedentes que en su entender desnaturalizan, desvirtúan, y deslegitiman el ejercicio de la auditoría, así:

Informe de auditoría desarrollado en el año 2011 por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en los que participaron los mismos funcionarios: Wilmer Salcedo Misas y Eduardo Del Rio Rodríguez, (hoy líderes de la mesa de trabajo en la auditoría desarrollada en su gestión – año 2016). Este informe de auditoría plantea un lineamiento analítico respecto a la estructura financiera y modelo económico del Contrato de Concesión No. 0868804 de 1998, y es que la TIR del 17,22% es perfectamente calculable, que el ejercicio de dicho cálculo se efectúa desde el primer año y no del cuarto año.

Para el año 2014, la Contraloría General de la República, mediante un Control Excepcional, revisó los mismos conceptos alusivos a la legalidad y comportamiento financiero de la concesión, concluyendo que además de que la TIR es calculable, coincidiendo con la Distrital, que no hay hallazgo fiscal, ni tampoco alcance disciplinario ni penal. En este control, intervino el hoy asesor de la Alcaldía de Manolo Duque, el abogado Orlando Periñán.

El Contrato también fue objeto de control judicial, y en fallo de primera instancia (Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena), y de segunda instancia (Tribunal Administrativo de Bolívar), donde en efecto hubo un cierre judicial, operando la figura de la cosa juzgada tanto material como formal, concluyéndose que la TIR del 17,22% es calculable (El Distrito presenta informe financiero contratado a la firma Inverlink a la que perteneció en su momento el dirigente gremial Dr. Bruce Mac Master, y el Juez ordena dictamen pericial), porque así fue pactada legalmente por las partes, que se calcula a partir del primer año, y que esa TIR es el eje y fiel de la balanza según lo prevé la ley cuando consagra el principio de la ecuación contractual.

Decisión de la Fiscalía General de la Nación donde se investigó, por denuncia ciudadana, si con relación al contrato de concesión y sus modificaciones hubo alguna celebración indebida o sin el lleno de requisitos, llegándose a la misma conclusión que obtuvo los controles dichos arriba.

“Irregularidades saltan a la vista”

Ante esta polémica situación, René Osorio, se fue lanza en ristre contra los funcionarios de la auditoría, y formuló serios y graves interrogantes, como los siguientes:

“Por ejemplo, ¿por qué si desde diciembre de 2016 tenían su hallazgo, esperaron siete meses para sacarlo a la luz?; ¿Por qué apenas hasta ahora el equipo de auditoría compulsa el informe al área de juicios fiscales?; ¿Por qué remitieron a la Concesión Vial, un acta firmada por uno de ellos, en la que proponen llegar a un oscuro e ilegal arreglo de bajar la TIR para que el concesionario permanezca mayor tiempo operando?” Nótese que en esta propuesta los mismos funcionarios pueden calcular la incalculable TIR.

“Y mucho más relevante aún, por qué, si esos mismos funcionarios en el año 2011 elaboraron una auditoría evaluando los mismos aspectos, determinaron que la TIR sí era calculable, y que, en el momento de este análisis (2016), ¿ahora dictaminan lo contrario?”

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