Hay potestad para que se violente, persiga y excluya a trabajadoras sexuales: Sintrasexa

Sigue la polémica por la reciente medida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de prohibir la prostitución con el decreto 0247 en la comuna 14, zona Poblado. Esta vez las trabajadoras sexuales de la zona consideran que vetar estos servicios las estigmatiza y las pone en riesgo constante.

“Esta problemática agrava la situación del ejercicio del trabajo sexual. Aquí hay que dejar claro que defendemos los derechos humanos de las personas adultas, mayores de 18 años, que por su libre voluntad deciden ejercer actividades sexuales pagas que no tienen nada que ver con los delitos. Nosotras rechazamos los delitos sexuales y principalmente lo que ocurrió el 27 de este mes que es explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”, señaló Valery Ramírez, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales de Antioquia.

De acuerdo con Ramírez, con este nuevo decreto la Alcaldía perjudica, no solamente a las trabajadoras, sino también a la economía y el libre circular de las personas que van a este sector porque no da una verdadera solución y desplaza la situación a otros lugares de la ciudad.

“En el decreto está clara la prohibición en este sector durante 6 meses y con ello, también dice que los establecimientos del sector tienen que cerrar a la 1 de la mañana. Esto lleva a que empresarios y dueños de estos lugares la cojan en contra de nosotras, diciendo que es nuestra culpa. Es que en este decreto no está especificado que van detrás de las bandas delincuenciales y de los grupos que están liderando estos catálogos que no tienen nada que ver con nosotras. En el caso de estas menores, hasta ahora no hay un indicio que diga que las encontraron en un parque o sector en donde se contrató un servicio. Nos están culpando y esto hizo que se alzara un discurso de odio en la ciudad y en las redes sociales”, dijo.

Ciudadanos y visitantes han dicho numerosas veces que este problema se ve a plena luz de día y que incluso, las bandas delincuenciales operan sin mayor restricción.

“Esto existe, ha existido y va a seguir existiendo si no se le da la atención adecuada. Yo soy huilense, pero llevo más de 10 años viviendo en la ciudad de Medellín y desde que estoy aquí me he encontrado con esta situación y la he conocido, pero la gente la ignora porque está muy alejada de la realidad, están en su burbuja de privilegio y nunca le han puesto cuidado. En la pandemia se logró visibilizar más y se vio cómo la gente no salía, las trabajadoras sí tenían que salir porque vivimos del diario. Esto siempre ha existido y va a existir si la Alcaldía no toma las medidas pertinentes para dar acciones afirmativas”.

El sindicato señala que es evidente que lo que busca la Alcaldía es abolir la prostitución y pasar por encima de la sentencia T-629 de la Corte Constitucional que el Gobierno Nacional impuso.

“Aquí hay que poner sobre la mesa que a la Alcaldía de Medellín lo que le interesa es abolir la prostitución. Aquí no hay protección. El gobierno local parece que no conoce o si conoce, no quiere hace regir la sentencia T-629 que dice que el trabajo sexual no es un delito. La organización Putamente Poderosas se puso la camisa, para mitigar la situación de las trabajadoras sexuales en ese entonces. La alcaldía simplemente dio kits de aseo y de protección. Nunca les importó qué comíamos o de qué íbamos a vivir por el decreto de no circulación. Ahora, la Policía no tiene un impacto real o un espacio, ni incluyen las voces de nosotras. Están deliberando desde un desconocimiento muy alejado de la realidad, sin escuchar a las organizaciones que trabajamos con derechos humanos. Sigue siendo violento”, mencionó.

Adicionalmente, la presidenta del sindicato comentó que la Alcaldía debería ejercer más control a los hoteles, hostales y plataformas virtuales como Airbnb porque no se estaría haciendo el debido registro a la entrada de estos lugares. También medidas cuestionadas como el “Abrazo al Parque Lleras”, según Ramirez, fracasaron en su ejecución.

“Ese abrazo anterior no sirvió para nada. Simplemente sirvió para que aumentaran las violencias y lo mismo que este decreto, le dio potestad a la Policía para que violente, persiga y excluya a las trabajadoras sexuales. Esta es una persecución directa. En el trabajo sexual hay distintas modalidades y el de la calle es la modalidad más baja de la cadena económica de esta actividad. Es una persecución a la precariedad, es una medida punitiva y criminalizante contras muchas familias. Hablar de trabajo sexual de personas adultas, mayores de edad y voluntario, es hablar de la economía, un proyecto de vida de muchas que viven de esto”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: