La era más oscura de Argentina: Más de 4 décadas del golpe militar

La madrugada del 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas argentinas tomaron control de los medios de comunicación estatales para anunciar masivamente el golpe de Estado, el estado de sitio y la ley marcial, además de advertirle a la población sobre los riesgos de no acatar sus directrices.

Durante esa misma jornada, cientos de trabajadores, estudiantes, líderes sindicales y militantes políticos fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad, evidencia del nivel de preparación y anticipación de lo que sería tan solo el primer movimiento de la peor era de terror y oscurantismo que vivió Argentina, y que duraría hasta diciembre de 1983.

"No menos de ocho, nueve meses antes, el golpe ya estaba definido, sobre todo cuando se aseguró la jefatura del Ejército el general Jorge Rafael Videla. La dictadura tenía objetivos pero no plazos, y los militares se prepararon para un largo ejercicio del poder para, esta vez sí, clavar el puñal hasta el hueso. Los militares sabían que iban a matar mucha gente", dijo el historiador argentino Hernán Camarero.

El investigador y docente universitario destacó que las cúpulas militares aseguraron primero el consenso de las élites burguesas, los grandes grupos económicos, la Iglesia católica y el visto bueno de la Embajada de EEUU.

Buscaban exterminar tanto política como culturalmente a quienes el poder denominaba entonces como subversivos, opuestos a un modelo de sociedad occidental, conservadora, blanca y cristiana, además de instalar a fondo el modelo económico neoliberal, a diferencia de un capitalismo nacionalista, proteccionista y redistributivo.

"La represión se realizó a lo largo y ancho de todo el país, por eso se prepararon más de 300 campos y centros de concentración, tortura y exterminio. No se armó de un día para otro, había un plan sistemático, no hubo excesos accidentales", enfatizó.

Se persiguió, secuestró, torturó y desapareció no solo a los combatientes de agrupaciones guerrilleras de inspiración marxista, que eran pocos en cantidad y que ya operaban en la clandestinidad por su oposición al ala conservadora del Gobierno constitucional derrocado.

El objetivo eran sobre todo los activistas sindicales y militantes de izquierda y del peronismo, el principal movimiento político popular argentino, que representaron el grueso de los 30.000 desaparecidos que produjo el terrorismo de Estado.

"Se los derrotaría con las nuevas técnicas que los militares empezaron a proponer: el método de secuestro ilegal y clandestino, para no declararlo y que el Estado apareciera como no responsable, para ganar tiempo y evitar la solidaridad de la sociedad", resaltó Camarero.

Memoria, Verdad y Justicia

Las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en este espacio, frente a la sede del Poder Ejecutivo nacional, el sábado 30 de abril de 1977, poco más de un año después del inicio de lo que se denominó institucionalmente como Proceso de Reorganización Nacional, para reclamar la aparición de las personas abducidas por los brazos ejecutores del terrorismo de Estado.

"Durante esa época, quienes sobrevivieron a la represión ilegal y los organismos de derechos humanos, que existían desde antes o que se crearon durante la dictadura, comenzaron a denunciar. Lo intentaron ante el Poder Judicial y también hicieron denuncias internacionales, un trabajo muy persistente y documentado, que probaba la intervención del Estado en estos delitos", dijo a Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fundado en 1979.

El casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue el centro clandestino de detención, tortura, exterminio y apropiación de niños y niñas más emblemático del período de terror entre 1976 y 1983.

Por la ESMA pasaron cerca de 5.000 desaparecidos, pero solo sobrevivieron unos 500. Desde allí eran llevados a los "vuelos de la muerte", donde los detenidos ilegalmente eran inyectados con sedante pentotal, cargados a un camión que los llevaba a un aeródromo militar, se les ataban pies y manos y eran arrojados todavía con vida al Río de la Plata desde aviones Skyvan, que cuentan con grandes compuertas traseras.

En ese mismo centro nacieron casi 40 niños y niñas. Este método de secuestro, tortura y apropiación se replicó en alrededor de 300 sitios de detención clandestinos en todo el territorio nacional, con complicidad de sectores eclesiásticos, que delataban a los perseguidos y ayudaban a ubicar a los bebés robados, así como de empresas privadas, todavía impunes en su gran mayoría.

Hasta la actualidad, 130 personas recuperaron su identidad gracias al esfuerzo incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo y otras agrupaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Los organismos lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viniera a Argentina en septiembre de 1979 cuando la presión internacional por las atrocidades que ocurrían en el país eran un secreto a voces. Durante casi dos semanas, la CIDH recibió más de 5.000 denuncias de violaciones, evadiendo los intentos del Gobierno militar para dificultar su trabajo.

Las infraestructura de la tortura y desaparición de personas fue desmantelada por los militares al término de la dictadura. Los archivos en los que se llevaba cuenta de los detenidos y su destino (liberación o muerte) nunca fueron encontrados. La desclasificación de documentos secretos de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina es uno de los reclamos todavía vigentes de los organismos.

Democracia e impunidad

El 10 de diciembre de 1983, el régimen militar, debilitado tras la derrota contra el Reino Unido en la Guerra de Malvinas, que se llevó adelante en 1982, se vio obligada a entregar el poder sin condiciones.