Guerrilla, pobreza y narcotráfico hacen del Cauca una caldera en ebullición
Esta región del país sigue siendo el campo donde se pone a prueba el acuerdo de paz.
Los conflictos por la posesión de la tierra, la pobreza y la presencia de la guerrilla ELN, de disidencias de las FARC y de bandas de narcotraficantes hacen del departamento colombiano del Cauca una caldera en ebullición que parece salir del control del Estado.
En el Cauca se libra desde hace décadas una lucha por el control de la tierra que tiene bajo el fuego cruzado a las comunidades indígenas de la zona, siete de cuyos integrantes fueron asesinados en la última semana en distintos hechos, a los que hay que sumar cuatro personas que perdieron la vida cuando hacían un levantamiento topográfico y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El Gobierno atribuye esos crímenes a disidentes de las FARC que han crecido en fuerza y número desde la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 y que actúan movidos por el negocio del narcotráfico, sin ningún trasfondo ideológico.
SIN PAZ Y CON POBREZA
En un estudio de 2015 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ya advertía que "el Cauca tiene una importancia estratégica para la paz, tanto en el proceso hacia la terminación definitiva del conflicto como en la puesta en marcha de los pactos y compromisos, en la transición, construcción y consolidación de una sociedad en paz".
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Al mismo tiempo señalaba que el Cauca es junto con el Chocó, departamento que también tiene costa sobre el océano Pacífico, "el más pobre del país" y "al mismo tiempo, el de mayor desigualdad en ingresos y calidad de vida", con una incidencia de pobreza del 62 %".
Esas condiciones socioeconómicas poco o nada han cambiado y el Cauca sigue siendo el campo donde se pone a prueba el acuerdo de paz, experimento en el que, a juzgar por los recientes acontecimientos, el Estado y la sociedad van fracasando.
EJES DE LA VIOLENCIA
En el desangre confluyen las disputas de tierras, el conflicto armado, la violencia sociopolítica, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la ausencia de un Estado fuerte que garantice gobernabilidad, coinciden expertos consultados por Efe.
La ola de asesinatos de indígenas y de líderes sociales que hacen del Cauca la región más peligrosa para quienes defienden los derechos de la gente muestran que el Estado no controla partes del territorio.
"Después de los acuerdos (de paz) volvemos a un contexto de guerra muy terrible para esas poblaciones indígenas porque de nuevo se les niegan los derechos que tienen a la autonomía", dijo a Efe Bastien Bosa, doctor en ciencias sociales y profesor de la Universidad del Rosario, de Bogotá.
Por su parte Germán Cortes, investigador de la Universidad Piloto de Colombia, señala que a los viejos conflictos entre terratenientes indígenas y comunidades negras se suma el factor desestabilizador del narcotráfico que se ha fortalecido en el Cauca por ser un territorio no solo de cultivos ilícitos sino estratégico para las rutas de las droga por el Pacífico.
"Ahora existen organizaciones de narcotráfico que vienen de otros países que están aprovechando el territorio y las comunidades indígenas están en medio del conflicto", explica Cortés en referencia a los carteles de la droga mexicanos.
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De hecho, la pugna por la tierra y su control están marcadas por el interés de extender la siembras de marihuana y coca, dice.
INDÍGENAS EN LA MIRA
Las víctimas de la orgía de sangre de los últimos días en el norte del Cauca, que tiene como epicentro el municipio de Toribío y en especial la zona de Tacueyó, eran en su mayoría miembros de la Guardia Indígena, una organización autónoma que está pagando la cuota más alta por oponerse a los violentos.
"La Guardia Indígena era prácticamente intocable al punto de que se respetaba por las otras partes: el Ejército, los grupos armados ilegales (...) y servía para minimizar los conflictos", apostilla Cortés.
NO A LA MILITARIZACIÓN
Luego de las matanzas de la semana pasada, la de los cinco indígenas en Tacueyó y los cuatro topógrafos en Corinto, el presidente Iván Duque ordenó el envío al Cauca de un refuerzo de 2.500 militares para combatir las disidencias de las FARC, al ELN, y a las bandas de narcotraficantes.
Pero la respuesta del Gobierno está lejos de ser la solución que se requiere ya que organismos internacionales y organizaciones sociales coinciden en que la salida no debe ser la militarización de ese departamento.
Así lo manifestó el pasado viernes en Ginebra la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que urgió a las autoridades a "que rompan el ciclo de impunidad relacionado con amenazas, acoso y asesinatos que tienen como blanco a pueblos indígenas".
También la red Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), conformada por 281 organizaciones de derechos humanos, rechazó hoy ese refuerzo porque considera que, pese a que el Cauca es "uno de los departamentos más militarizados", los grupos ilegales "expanden sus negocios ilegales con plena libertad ante los ojos de las Fuerzas Militares".
Al respecto, Bosa subraya que lo que debe primar es un compromiso "muy claro por parte del Estado de cero tolerancia frente a la presencia de actores armados, frente al narcotráfico", pero la impresión que se tiene es que más allá del discurso oficial, el Gobierno está ante un conflicto que no sabe cómo manejar.
