Choque de trenes al interior de la JEP

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, está inmersa en una discusión con el Tribunal de Paz, por un tema de presupuesto que para ellos puede significar un freno en su trabajo en las regiones recaudando material para el avance de los casos que manejan los magistrados. El incremento para la Jurisdicción Especial para la Paz, fue garantizado por el Gobierno, pero para ellos esta entidad que es su Fiscalía no requiere más recursos ni más personal.

La ley del Plan Nacional de Presupuesto produjo un artículo que es el 148, que señala que el Gobierno le garantizará a la Unidad de Investigación y Acusación, autonomía técnica, administrativa y financiera. El artículo fue demandado y en ese proceso la Unidad hizo un soporte sobre la conveniencia del artículo. Así lo explica Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación.

Vea también: David Char, primer parapolítico aceptado por la JEP, recupera su libertad

“La Corte invitó a la Unidad a que se pronunciara por la demanda. Nosotros presentamos un escrito técnico entorno a las razones que nosotros consideramos legalmente y constitucionalmente, de que el artículo debe ser aplicado”.

La Unidad sigue funcionando, pero a Álvarez le preocupa el tema de la reducción del presupuesto.

“Una entidad que está empezando a trabajar y que cada día tiene más trabajo, tiene más necesidades y por consecuencia pues demanda mayor presupuesto, no menos presupuesto”.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que funciona como su Fiscalía tiene que desplazarse por el territorio con sus investigadores, para recopilar información para los casos en los que trabajan las diferentes salas y secciones y este trabajo es el que se puede ver afectado.

“Los investigadores tienen que moverse por todo el país en el recaudo del material probatorio, y en la medida que no tengamos recursos pues podría dificultar esa labor que es muy importante de cara a establecer la verdad que quiere el país y las víctimas”.

Ante esa preocupación la presidenta de la JEP, Patricia Linares aseguró que esa entidad tiene los recursos y el personal que solicitó desde su creación.

“La posición de la Jurisdicción tal como lo acordamos con el Gobierno anterior y con este Gobierno es que seguiremos funcionando con los recursos humanos que acordamos desde el año 2017, porque entendemos las preocupaciones que tiene el país en materia Fiscal”.

En medio de estas posiciones al interior de la JEP, quien resolverá la discusión será la Corte Constitucional, que dirá si se aprueba o no el artículo, que le daría la independencia financiera técnica y administrativa para la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz.