Consejo de Estado condenó al municipio de Amagá por asociarse con las AUC

El Consejo de Estado condenó al municipio de Amagá, Antioquia a pagar más de 952 millones de pesos a los un grupo de 23 sindicalistas y sus familias que fueron obligados a renunciar a su fuero mediante amenazas de paramilitares, auspiciadas por la administración del municipio en el 2001. 

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Para esa época el alcalde era Jorge William Muriel González, y se le habían dado facultades para restructurar la administración municipal y adoptar una nueva planta de cargos, en virtud de la implementación de las disposiciones de la Ley 617 de 2000 que era para saneamiento fiscal y financiero de entidades territoriales. 

El 6 de diciembre de 2001, según se probó también en proceso judicial, que el Jefe de Obras del municipio Carlos Mario Palacio en vehículo asignado por la administración municipal, “llevó a todos los miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del municipio al corregimiento de Minas de la misma entidad territorial, donde se reunieron con el sujeto conocido con el nombre de Efraín Mendoza, comandante de las AUC que operaban en la región, y que a la postre los conminó a que renunciaran a tal organismo sindical”. 

Los sindicalistas renunciaron a su fuero y al sindicato y posteriormente el alcalde dio por terminados sus contratos. Aunque Muriel González aseguró que no conocía lo que les había pasado, por el contrario, el Consejo de Estado consideró que era el más interesado.

“El que verdad tenía un interés en que ello se presentara era el propio alcalde William Muriel González, pues estaba empeñado en sanear las finanzas municipales a través de la mencionada ley, y para llevar a cabo sus propósitos encontraba un fuerte obstáculo en el gran número de obreros que hacían parte del sindicato”, se lee. 

El municipio tendrá que implementar un curso de formación integral en garantía y protección de derechos humanos, laborales y sindicales, dirigido a las principales autoridades civiles del municipio para que no se vuelva a cometer hechos similares, y la decisión se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación “con el fin de que haga parte de su registro y contribuya a la construcción documental del país”. 

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Pero en la sentencia también dice el Consejo: “Es necesario llamar la atención sobre el crecido número de condenas contra el Estado colombiano, proferidas en casos en los cuales se ha acreditado que miembros suyos han mantenido relaciones de apoyo y colaboración con grupos paramilitares para la comisión de graves crímenes, al punto que se ha establecido que tales nexos constituyen una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos”.