Consejo de Estado pide investigar muerte y desaparición de un recluso

Colombia

El Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que investigue, si lo cree pertinente, la actuación de las autoridades frente a la muerte de un interno de la Cárcel de Bucaramanga que falleció en 1993, pero su familia se enteró de su deceso hasta el 2008 y aún no se conocería dónde está su cuerpo.

El hombre ingresó el 3 de marzo de 1992 a la mencionada cárcel, luego de que fuera trasladado de Cartagena y falleció el 19 de junio de 1993, por una herida provocada con arma corto punzante. Esto porque ingresó a la celda de otro compañero y éste lo apuñaló con el pico de una botella. La Fiscalía indagó, pero le archivó el proceso por considerar que actuó en legítima defensa.

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Frente a su homicidio, dice el Consejo, el INPEC no puede argumentar que no tiene responsabilidad, pues, aunque el autor fue un tercero, su seguridad dependía de esta entidad.

“Razón por la que debe garantizar la seguridad de los mismos mientras están sometidos a su cuidado y evitar la presencia de elementos que puedan ser utilizados para causar daños a los demás internos, como en el caso que convoca el estudio de la Sala, pues, en la institución carcelaria no tendría por qué haber elementos cortopunzantes que sirvieran, como en este caso, para causar daño”, dice la sentencia.

Pero también reprocha el hecho de que no le haya informado a la familia, pese a que tenía su información. Sin embargo, determinó que no indemnizaría a sus hermanos por la actuación de la entidad, debido a que no se comprobó realmente que existiera lazos familiares, pues nunca lo visitaron.

“Lo que más llama la atención de la Sala es que solo cuando transcurrieron más de dieciséis años desde el ingreso a ese centro de reclusión, el 19 de diciembre de 2008, la familia, particularmente la señora Edith Morelo Palencia, madre del señor Gustavo, (quien no es actora en este asunto), elevó derecho de petición ante la Dirección del INPEC, Regional Oriente, con el fin de, entre otras cosas, indagar por la situación y posible ubicación de su hijo”, dice.

El Consejo ordena que se busque su cuerpo, pero también le ordena al INPEC que se instruya a todos los funcionarios sobre el manejo que se les debe dar a los internos que fallecen mientras cumplen con sus penas “de manera que sea acorde con el derecho a la libertad de cultos y de conciencia de sus familias”.

Por su parte Medicina Legal deberá difundir “un documento de información y capacitación con el propósito de garantizar que los cadáveres sean entregados a los familiares”, y esta decisión deberá divulgarse.

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