En el caso Hyundai también se usó agente encubierto
Caracol Radio conoció el escrito de acusación en contra del empresario Carlos Mattos y que lo deja como responsable de ofrecer millonarios sobornos.
En el caso Hyundai también se usó agente encubierto(Colprensa / Archivo)
Son más de 10 las personas judicializadas en el caso que comprometió todo el sistema judicial, desde la radicación de una demanda hasta la decisión de un juez, pasando por el reparto y las diligencias rutinarias en los juzgados civiles.
La “empresa” criminal
Los investigadores construyeron el esqueleto de una red de corrupción que arrancó en el Supercade de Suba, noroccidente de Bogotá, cuando radicaron una demanda que tenía por objeto dictar medidas cautelares en la disputa entre la multinacional coreana Hyundai y el empresario Carlos Mattos.
Según la Fiscalía la línea de corrupción se extendió desde el Supercade hasta el juzgado sexto civil del circuito. Funcionarios de la rama judicial, técnicos y abogados terminaron contaminados con los sobornos.
La promesa remuneratoria, de acuerdo al escrito de acusación que presentó la Fiscalía, incluyó el pago de 700 millones de pesos con una cuota de éxito por otros 1.000. Ese dinero se repartió entre quienes se interesaron en el negocio.
Modus operandi
El plan estaba milimétricamente diseñado. El objetivo era que una vez se radicara la demanda en el Supercade de Suba se manipulara el sistema de reparto, todo de manera inmediata.
Así ocurrió el 29 de febrero de 2016. Un ex empleado de la Rama Judicial llegó al Supercade y en perfecta sincronía acudió a determinada ventilla, donde le tenía listo un digiturno. Luego se comunicó con los funcionarios encargados del sistema de reparto, el objetivo se cumplió, se intervino el sistema y la demanda quedó en manos del juzgado sexto.
El sistema tiene dos bases de datos: una recibe la información de lo que llega al sistema y otra almacena todos los cambios que se hacen, las dos, según la Fiscalía, fueron atacadas por la red de corrupción.
Intento fallido
La Fiscalía logró establecer que el plan criminal para corromper el sistema judicial se frustró en un primer intento. El 26 de febrero se detectó la intromisión al reparto desde el mismo usuario y equipo que tres días después cumplió su objetivo.
Los integrantes en este plan se fueron sumando, según el escrito de acusación, conforme surgían necesidades. Expertos en informática y de la rutina en los juzgados se incluyeron a cambio de la promesa de sobornos.
Se compró un computador y arrancó el entrenamiento, el intento fallido, repasar el plan y completar el sabotaje al sistema.
El infiltrado
Después de conocer la denuncia por la manipulación del sistema de reparto, la Fiscalía estableció que no sería un hecho aislado y que la modalidad probablemente se usó en otros casos. Deciden acudir a la figura del agente encubierto.
Sin saberlo los protagonistas del escándalo de corrupción, que tiene a dos jueces judicializados, y que se tomaron la precaución de borrar todo rastro de manipulación en el sistema, tenían muy cerca a quien terminó por develar el plan criminal.
El agente encubierto logró identificar la estrategia que diseñaron para borrar la evidencia en el sistema y como se dividieron las funciones. Cómo convocaban a más personas para perfeccionar el plan y finalmente cómo se tomó la decisión que provocó todo este escándalo.
El “paquetón” pruebas
La Fiscalía aportó en el escrito de acusación más de 228 pruebas para llamar a juicio Carlos Mattos. Son documentos que incluyen los informes de los investigadores, del agente encubierto, las inspecciones judiciales y los peritajes a los sistemas de la Rama Judicial, que demostrarían la manipulación.
También se incluyeron 58 declaraciones de personas relacionadas con la investigación, incluso del ex abogado de Carlos Mattos que confirman la manipulación al sistema y cómo se orquestó el plan. Muchos de quienes aparecen en esas declaraciones aceptaron su responsabilidad en la red de corrupción.
Juicio “congelado”
La defensa de Mattos presentó un conflicto de competencia y el juez del caso remitió el proceso al Tribunal de Bogotá, lo que por ahora frena toda actuación en este caso.
En criterio de la defensa, la Fiscalía cometió un error al imputar cargos con un número de radicado y hacer la acusación con otro. El asunto se resolverá como mínimo en dos meses.
