Justicia

Sustitución voluntaria es la mejor manera de atacar los cultivos ilícitos

Durante la audiencia, Ministerio Público aseguró que las sentencias de la Corte garantizan los derechos ciudadanos y del medio ambiente.

Juan Carlos Cortés, viceprocurador

Juan Carlos Cortés, viceprocurador(Colprensa)

En el marco de la audiencia de la Corte Constitucional para el seguimiento del uso del glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos, la Procuraduría aseguró que el mecanismo de sustitución voluntaria que permite que los campesinos cuenten con alternativas para ingresar a la legalidad ha demostrado ser efectivo más allá de la aspersión.

Así lo dijo el viceprocurador, Juan Carlos Cortés quien afirmó que, "la destrucción de cristalizaderos y la interdicción de cargamentos de cocaína deben estar acompañadas de mecanismos y estrategias para reducir el área sembrada con coca a través de los mecanismos de sustitución voluntaria y erradicación forzosa".

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"Entre estas dos opciones, la mejor manera de atacar el crecimiento del área sembrada con coca es la sustitución voluntaria, pero está debe ir acompañada de sólidas y efectivas políticas de desarrollo e inversión social, así como del ultimátum creíble de la erradicación forzosa", consideró el vocero de la Procuraduría.

Señala que de implementar de manera correcta la sustitución voluntaria de cultivos, los beneficios se traducirán en una mayor generación de desarrollo en los territorios, fuentes de ingreso permanente para las familias, la contribución a la transformación productiva del agro, la creación de nuevas cadenas de valor más exitosas y una medida de autocontención sostenible, entre otros.

Frente a la petición del presidente, Iván Duque de "modular" la sentencia de la Corte frente al uso del glifosato, aseguró que cómo está estipulada garantiza los derechos de los ciudadanos, las comunidades indígenas y rurales y el medioambiente.

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el viceprocurador Cortés asegura que, "los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de aspersión sobre cultivos ilícitos no representan una traba en la lucha contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional para que su uso se adecue a los preceptos constitucionales"

Considera que debe existir un equilibrio en la búsqueda de garantías frente a la seguridad nacional y lucha contra la criminalidad, en contraposición con los derechos "inescapables e renunciables a la salud y al medioambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos en la ruralidad", puntualizó desde la Procuraduría.

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