Organizaciones de refugiados y asuntos latinoamericanos ofrecen soluciones

Los autores hacen énfasis en la responsabilidad de los estados para disminuir los efectos de la migración masiva.

Los autores hacen énfasis en la responsabilidad de los estados para disminuir los efectos de la migración masiva. /

En un informe producido conjuntamente por el Consejo Mundial para los Refugiados, el Centre for International Governance Innovation (CIGI) y el Diálogo Interamericano en consulta con su Grupo de Trabajo sobre Venezuela, se propone un plan de acción para enfrentar los desafíos que plantea la crisis humanitaria en Venezuela.

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El texto resalta la gravedad de los números de migrantes venezolanos alrededor de América Latina, destacando que alrededor de 1.9 millones de personas han tenido que salir del país por la falta de garantías que ofrece el gobierno en materia de seguridad, economía y libertad de expresión.

Por esta razón, a lo largo del informe se proponen planes de acción que puedan contrarrestar los efectos del éxodo masivo venezolanos. El primero de ellos es invitar a la comunidad internacional a que realice un análisis de datos concretos que permitan entender las características y vulnerabilidades de los refugiados, a lo largo del continente.

Para los autores las Naciones Unidas y la OEA deberían convocar conferencias de donantes para enfrentar el déficit en el presupuesto humanitario. Sin embargo, se hace mucho énfasis en que los países no cierren sus fronteras y, que de igual manera, fortalezcan y faciliten la normalización del estatus de los migrantes para que puedan acceder a servicios básicos como atención médica.

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Se resalta que los gobiernos deben cumplir con las normas migratorias internacionales acogiéndose al principio de responsabilidad colectiva en el cual se pide aceptación de refugiados venezolanos en las comunidades que los reciban. Este proceso va de la mano en crear un marco legal que permita luchar contra la xenofobia que puede presentarse en este caso.

Respecto a la responsabilidad el informe insta a que “se responsabilicen a los altos funcionarios venezolanos que han cometido actos de corrupción y violado los derechos humanos embargando sus bienes, vetando sus visas y adelantando procesos penales ante la Corte Penal Internacional”. 

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