Gobierno niega que se levantara de la mesa de la CSIVI

El Consejero para la Estabilización afirmó que pidieron un tiempo para analizar la carta que la Farc envió a la ONU.

El Gobierno Nacional asegura que no se levantaron de la mesa de la Comisión de Seguimiento, Impulsó y Verificación al Acuerdo de Paz con la Farc (CSIVI), al igual que rechazó la carta que fue enviada por el ahora partido político al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Frente a las declaraciones de integrantes de la colectividad, que aseguran que el Gobierno se levantó de la mesa y suspendió las sesiones, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila afirmó que se pidió un plazo para la próxima reunión con el fin de analizar el contenido de la carta en la que denunciaron incumplimiento del Acuerdo Final.

"Es absolutamente falso que se hayan suspendido las sesiones de la CSIVI, lo que hicimos fue dejar abierta esa sesión, mientras podíamos digerir la carta que ellos sorpresivamente estaban dirigiendo a la ONU", explicó.

Lamentó que a la misma hora de la reunión programada para este lunes de la CSIVI, se citó a una rueda de presa donde dieron a conocer el contenido de la carta.

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"Ante esa sorpresa, de la manera más atenta y delicada, les sugerimos que suspendiéramos esa sesión, para poder tener tiempo de estudiar la carta que ellos le estaban dirigiendo al Consejo de Seguridad, sin haberla puesto en conocimiento del Gobierno y sin haberla llevado, como corresponde, si era una inquietud sobre incumplimiento, a la CSIVI", precisó.

Aseguró que era una suspensión temporal de esa sesión en particular y no de la mesa, para analizar la carta, "que es la forma responsable como debemos actuar ante una manifestación de ellos, con relación al cumplimiento de los acuerdos".

Sobre el contenido de la carta, el consejero presidencial afirmó que el gobierno no comparte la interpretación de las Farc, "que pretende reducir a actos simbólicos el pacto de no uso de las armas en política”.

Esta es la respuesta del gobierno a la carta de la Farc a las Naciones Unidas

El Gobierno Nacional no comparte la afirmación del partido Farc de que para implementar el punto 3.4.2, sobre el no uso de las armas en la política, se deba simplemente circunscribir a documentos de buenas intenciones.

Reafirmamos que el no uso de la armas en política es pilar del principio de legalidad que orienta al Gobierno del Presidente Duque, y de la Política Pública de Paz con Legalidad.

Debe tenerse en cuenta que un aspecto sustancial del punto 3.4.2. fue desarrollado en el Acto Legislativo 5 de 2017 y el Partido Político que ahora pide “solemnidades” participó ya en las elecciones más pacíficas de las cuales Colombia tenga memoria en 60 años y ahora está representado en el Congreso de la República.

Igualmente, el Gobierno ha venido no sólo anunciando, sino efectivamente ejecutando lo previsto respecto de garantías de seguridad para los excombatientes que se mantienen en la legalidad y, de manera muy dedicada, para los miembros del partido Farc, en especial con el punto 3.4.7 a través de las medidas de protección y seguridad para ellos, otorgadas a través de la Mesa Técnica de Seguridad que preside el Consejero Archila.

Entre otras muchas acciones en ese sentido, el Gobierno ya cuenta con un plan de seguridad para las elecciones de octubre, como se explicó en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que ya sesionó y, además, en la Mesa, dónde participan también representantes Farc, se inició el diseño de las acciones particulares que se precisarán para los candidatos de esa colectividad.

No sobra recordar que el Gobierno está focalizando su acción en los territorios más golpeados por la violencia, contrarrestando el uso de las armas mediante la ejecución de los planes con enfoque territorial que responden a las expectativas de seguridad, desarrollo y legalidad de la población. En efecto la ejecución de los PDET es manifestación y garantía del rechazo al uso de las armas en la política.

Finalmente, es de resaltar el compromiso del Gobierno con la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, no sólo como implementación del punto 3.4.2 del Acuerdo, sino principalmente como cumplimiento del deber constitucional de proteger a todos los habitantes del territorio nacional en su vida, bienes y honra, entre otros, con el Plan de Acción Oportuna (PAO) que el Gobierno puso en operación.

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