Columnista invitado

Impuestos verdes y protección ambiental

En las condiciones de la Colombia de hoy, se requiere una reforma tributaria ambiental que sea integral. Precisamente, esta es una de las tareas principales de la agenda de membresía plena en la OCDE. En esa línea, lideramos la implementación de los impuestos verdes en el país. Lo que hicimos es muy importante. Colombia fue destacada como uno de los tres países con mayores avances a nivel global en la implementación de mecanismos fiscales de control de emisiones en el año 2017. Sin embargo, en un contexto de profundización de la crisis socio-ecológica global y con la urgencia de responder de manera mucho más ambiciosa a los desafíos del cambio climático, el país requiere de una ampliación y profundización acelerada de sus mecanismos fiscales de protección ambiental y desarrollo sostenible. 

Para cumplir la meta de disminución de emisiones de un 20% de gases efecto invernadero a 2030 y para adaptarse y ser resilientes a eventos extremos del clima y cambio climático, se va a necesitar una significativa transformación de la estructura económica nacional. El reciente informe de la Contraloría General de la República en su capítulo sobre impuestos verdes abre una ventana para la discusión de las herramientas fiscales para la acción y protección ambiental, con especial prioridad en el control de la deforestación, la conservación del recurso hídrico y el mejoramiento de la calidad del aire. 

Los impuestos ambientales, al carbono, a las bolsas plásticas y a motocicletas con un cilindraje mayor a los 200 metros cúbicos, son el punto partida de una nueva ruta en el país. La Contraloría considera que estos impuestos no han sido lo suficientemente efectivos. Pero lo cierto es, que hoy el gobierno nacional tiene importantes recursos – más de 700 mil millones/año - con los cuales no contaba antes. Más aún, el despegue del mercado voluntario de carbono en el país, con importantes proyectos y flujo de recursos a comunidades rurales y étnicas, es un resultado muy positivo de los impuestos verdes, en este caso el impuesto al carbono y su mecanismo de carbono-neutralidad, único en el mundo. Así mismo, el programa de reducción del uso de bolsas plásticas, con su respectivo impuesto, permitió en el primer año, la disminución de su uso en un 30%. 

Claro, otra es la discusión sobre la destinación y los canales de inversión de esos recursos. En general, estoy de acuerdo con lo planteado por la Contraloría en ese sentido. Pero es de resaltar que los impuestos ambientales vienen cumpliendo con su propósito de recaudar, pero lo más importante, de cambiar la actitud y comportamiento de los agentes involucrados. Es clave que la gente tenga conciencia no solamente del papel de este tipo de impuestos, sino de la contribución que cada uno individualmente puede hacer para salvar el planeta. 

En la ley de financiamiento se perdió una valiosa oportunidad de avanzar en el ajuste de los impuesto verdes existentes y en la creación de algunos nuevos, sobre todo en aspectos que ya habíamos avanzado como la adquisición de vehículos eléctricos, la promoción de proyectos de generación de energía de fuentes renovables no convencionales y el control del uso de plásticos. 

El próximo paso en la profundización del uso de herramientas fiscales para el desarrollo sostenible debe ser la aprobación e implementación de una reforma tributaria ambiental. Una reforma que lleve a un cambio estructural del código tributario y que tenga al menos los siguientes objetivos: a) cambiar el comportamiento ambiental de agentes contaminantes, b) ofrecer mayores recursos para la protección ambiental y el desarrollo sostenible, c) contribuir a la meta de disminución de la desigualdad a través de un marco de progresividad, y d) empezar con bases sólidas la transición hacia un mejor balance entre impuestos sobre el capital y el trabajo e impuestos sobre la contaminación y degradación del ambiente y los recursos naturales. 

Una reforma como la que se propone, no puede ser el producto de la improvisación, al contrario, tiene que ser el resultado de un trabajo calmado, con suficiente rigor técnico y cubierto de inteligencia política, de allí que un primer paso debería ser la conformación de una misión técnica en cabeza del Departamento Nacional de Planeación. El trabajo de esta misión técnica, sumado al papel de la Contraloría, además de lograr buenos resultados, tiene el potencial de mantener este debate visible y muy alto en la agenda pública nacional. 

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