Política

Ante el Consejo de Estado piden anular la elección del Fiscal

Aseguran que la Corte Suprema lo eligió pensando que era el más idóneo, sin contar con todo lo que él sabía sobre Odebrecht.

Investigadores de justicia, de la Comisión Colombiana de Juristas y analistas como Jorge Iván Cuervo le pidieron al Consejo de Estado que anule la elección del Fiscal Néstor Humberto Martínez porque hay un error de falsa motivación en los documentos que se expidieron nombrándolo como tal.

Lo anterior, porque para ellos, la Corte Suprema de Justicia no tuvo acceso a toda la información requerida para poder determinar de manera efectiva que él era el candidato más idóneo para ejercer el cargo, pues no fue informado sobre lo que el fiscal Martínez sabía de Odebrecht.

“Martínez Neira omitió entregar información grave y relevante sobre su grado de conocimiento del escándalo de corrupción de Odebrecht y el involucramiento en el mismo de empresas y personas a las que él había representado, concretamente Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo AVAL”, se lee en la demanda.

En otras palabras, dice el director de la Comisión Colombiana de Juristas, “Si el fiscal hubiera puesto de presente la existencia de esta circunstancia, del conocimiento que tenía con los hechos relacionados del caso Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia habría podido tener una motivación distinta para hacer la elección”.

Lo que demandan es el Acuerdo 871 de 2016 y la confirmación de la elección expedida por la Sala Plena señalando que la falsa motivación es una causal válida para la declaratoria de nulidad. Y además, haciendo un recuento de lo narrado por el ex contralor de la Ruta del Sol, Jorge Pizano, a quien entonces era el abogado del Grupo AVAL.

“Para ese momento ya era evidente que la forma de hacer negocios de Odebrecht incluía la utilización de herramientas como el soborno para conseguir contratos públicos. Jorge Enrique Pizano lo entendió así y, Néstor Humberto Martínez Neira también”, se lee.

Pero los demandantes responden también a la posición que al parecer tiene el fiscal respecto a que no podía revelar lo dicho por Pizano porque estaba bajo secreto profesional. Aseguran, que sí así fuera tenía que haber informado a la Sala que no sería aplicable, pero que en sus propias declaraciones se ha indicado que no existía tal restricción.

En primer lugar, dicen, porque desde el principio dijo que las conversaciones con Pizano se dieron como amigos y en segundo lugar, porque “Néstor Humberto Martínez Neira, según sus propias palabras, sólo asesoraba al Grupo AVAL en asuntos concretos, no era su asesor permanente”, por lo que al momento de recibir la información de Pizano podría no estar cumpliendo con ese papel.

Además hacen énfasis en que aún si el entonces ternado como fiscal no hubiera incurrido en un conflicto de interés, eso no lo eximía de ser una persona con un conflicto de interés potencial, “además, deja entrever que más allá de los conflictos reales, las apariencias también juegan un papel importante para el servidor público, quien no sólo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo ante los ciudadanos”.

Dice Gallón que, “Tanto había un conflicto de interés potencial que el fiscal, o la vicefiscal terminó pidiendo un fiscal ad hoc, asunto con el cual nosotros no estamos de acuerdo por otra parte, esa no era la solución”.

Los demandantes quieren una respuesta oportuna por parte del Consejo de Estado, por lo que en la misma demanda pidieron la suspensión provisional del Fiscal Néstor Humberto Martínez.

“Hemos pedido la suspensión provisional del nombramiento y le recordamos al Consejo de Estado que en el caso de la demanda contra el nombramiento del procurador Alejandro Ordóñez, el hecho de que no hubiera habido una decisión oportuna permitió que él se desempeñara como procurador prácticamente durante todo el periodo”, dijo.

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