Dónde está la bolita
Dónde está la bolita

Un mal comienzo del 2019

El asesinato de voceros de las comunidades vuelve a poner en el centro del debate la incapacidad del Estado para neutralizar a los violentos.

En los primeros días de enero, mientras muchos de los condenados por corrupción celebraban su libertad cobijados por beneficios judiciales, en lejanas veredas eran asesinados media docena de líderes sociales en Cauca, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y Santa Marta.

Casi en los mismos lugares donde en 2018, según la Defensoría del Pueblo, hubo 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (158 hombres y 14 mujeres). Los otros son Chocó, Putumayo y Nariño.

El asesinato de estas personas --en promedio una cada 48 horas en 2018—está demostrando la incapacidad del Estado en su conjunto para frenar la ola violenta contra personas que le han dicho no a los cultivos ilícitos, a la minería ilegal o que han abrazado la bandera de la restitución de tierras y que están en el ojo de los grupos criminales, el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN o por particulares. Según la Fiscalía, la mayoría de los casos reportados (35%) por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano corresponden a acciones criminales de particulares, lo cual plantea la necesidad de establecer qué otro tipo de realidades se viven en esas zonas.

El abordaje del tema tiene diferentes ópticas, pero con un denominador común: la desarticulación en las acciones del Estado. Para la Defensoría del Pueblo, la principal preocupación es que sus alertas se han materializado ante los ojos de todas las autoridades. “Una alerta desatendida, es una muerte no evitada”, dice el defensor Carlos Negret. Mientras, para el procurador Fernando Carrillo, los 11 compromisos del ‘Pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos’, suscrito el 23 de agosto en Apartadó (Antioquia), sigan sin cumplirse. Pero además destaca el fracaso de los esquemas de protección personal.

Y mientras parte de lo que ocurre de debe a una falta de articulación de acciones estatales, también incide el discurso estigmatizador de altos funcionarios. Según el relator de la ONU, Michel Forst, “la estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos”. Por eso resultaba grave tener en la UNP a una persona como la polémica Claudia Ortiz que luego fue nombrada en la Agencia Rural.

La imparable ola de asesinatos de los líderes locales demuestra que en la periferia sigue ausente el Estado, pese a la liberación de territorios que trajo el proceso de paz, y que las acciones para enfrentarla–con pocas excepciones—se han quedado más en el discurso que en integralidad del aparato estatal.

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