Funcionarios que beneficiaron al Carrusel de Contratos serán interrogados

La Fiscalía señaló que no hay evidencia de que se haya asegurado el pago de las indemnizaciones.

La Fiscalía en voz de la vicefiscal María Paulina Riveros, anunció que los servidores públicos que profirieron beneficios a los condenados, Emilio Tapia Aldana, Guido Nule Mariño y Mauricio Antonio Galofre Amín, por el Carrusel de Contratos en Bogotá, será escuchados en interrogatorio.

“No se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización del que trata el artículo 64 del Código Penal. Por esta razón la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto escuchar en interrogatorio que procedieron a otorgarlos beneficios a los condenados mencionados”, señaló.

Señaló la vicefiscal que los tres, fueron responsables “de afectar las finanzas públicas de Bogotá dentro del caso conocido como el Carrusel de Contratos, cuya defraudacion superó los 500 mil millones de pesos”.

El papel de cada uno en el desfalco

Guido Alberto Nule Mariño

Era el controlante de hecho de las empresas contratistas del grupo Nule. En su contra existen dos sentencias condenatorias; una a 9 años y 6 meses  de prisión por los delitos de peculado por apropiación.

La segunda a 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Emilio José Tapia Aldana

Era el intermediario de recibir y entregar las coimas al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván. Tapia tiene en su contra tres condenas. La primera a 42 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir; la segunda, a 8 años y 2 meses de prisión por cohecho propio como interviniente e interés indebido en la celebración de contratos; y la tercera, a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente tiene 4 investigaciones en curso.

Mauricio Antonio Galofre Amin

Era el jefe de licitaciones del Grupo Nule. Tiene dos condenas en su contra. La primera a 11 años y 9 meses por el delito de peculado por apropiación; la segunda, a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

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