Gustavo Malo, nuevo punto de discordia en el uribismo

El caso del magistrado Gustavo Malo, quien está siendo procesado por los casos de corrupción el denominado ‘cartel de la toga’, ha enfrentado nuevamente a los integrantes del Centro Democrático por cuenta del retraso en la toma de decisiones en el juicio político que se debe hacer en la plenaria del Senado. Justamente el presidente de esa corporación Ernesto Macías ha reiterado que no tiene afán alguno ni que se dejará presionar para estudiar el tema.

A su turno la senadora Paloma Valencia quien preside la comisión de instrucción que está estudiando todo el proceso ha manifestado que se está haciendo el análisis de todo el expediente para elaborar el informe que se presentará a la plenaria, pero el caso es que ya han pasado más de seis meses desde que la Cámara aprobó la acusación en contra de Malo por varios delitos y el caso está enredado.

Por esa razón el representante Edward Rodríguez, quien también integra el Centro Democrático, indicó que este caso se está “engavetando” sin razón alguna y que es extraño que no se estén adelantando las actuaciones necesarias para castigar los casos de corrupción en el país.

“Es lamentable que la plenaria del Senado no haya asumido el reto de pronunciarse respecto al caso de Gustavo Malo, que en todo caso, lo presentamos el semestre pasado y han demorado la toma de la decisión para que la Corte Suprema de Justicia asuma la competencia para investigar penalmente a Malo. Hacemos un llamado al presidente del Senado y a quienes conforman esa comisión de instrucción para que tomen decisiones”, dijo Rodríguez.

Agregó que no tiene lógica que la Comisión de Acusación y la plenaria de la Cámara hayan tomado decisiones prontamente para castigar la corrupción y que el Senado esté dilatando el proceso.

“Hacemos un llamado a la senadora Paloma Valencia para que actúe en el caso del magistrado Gustavo Malo”.

Aunque Malo asegura que es inocente, en el escrito de acusación en su contra hay cinco delitos por los que se considera que se le debe quitar el fuero para que la Corte Suprema lo investigue por supuestos cobros a cambio de favores judiciales en el ‘cartel de la toga’.