Niegan medida de aseguramiento contra el contralor de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá negó la petición que hizo la Fiscalía para que se impusiera medida de aseguramiento en contra del actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por la investigación que le adelanta debido a que habría favorecido a Odebrecht cuando fue gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015.

La negó porque contrario a lo que planteó la Fiscalía, no vio indicios suficientes que permitieran concluir que interferirá en el proceso y mucho menos que representa un riesgo para la sociedad por su labor actual de control fiscal en la capital.

Aseguró el magistrado Fabio Bernal, que “No se puede argumentar la medida de aseguramiento sólo con base en la gravedad de los delitos imputados por parte de la Fiscalía” y porque sea un funcionario público.

Consideró, que por lo pronto no se hace evidente que tenga vinculación con una organización criminal y que tampoco tiene antecedentes ni penales ni disciplinarios, por el contrario se ha hecho evidente su disposición a responder.

“No se advierte un peligro de fuga por parte del contralor lo que demostraría que está presto a seguir compareciendo a cada una de las citaciones de la justicia”, afirmó.

La Fiscalía lo acusa de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público, por presuntamente haber recibido 200 millones de pesos con los que Odebrecht pretendía asegurar la adjudicación de obras en Boyacá.

En realidad, según el ente investigador, ésta sólo habría sido una parte porque lo pactado eran 500 millones de pesos de los cuales, 100 millones eran para el ex senador Plinio Olano. Y, cumpliendo el compromiso, nombró como Secretario de Planeación a Bernardo Umbarila quien habría sido el interlocutor con la multinacional para que se encargara de el proyecto Duitama- Charalá- San Gil, pero al final Odebrecht fue la que desistió de la obra por los estudios de prefactibilidad.

Otro aspecto que se le cuestiona es que el actual contralor habría sostenido una reunión a principios de 2013 con los directivos de Odebrecht, Olano, Gaviria y el director de la CAR Cundinamarca Alfred Ignacio Ballesteros, con el fin de que este último calificara positivamente a la multinacional y señalara que sí podía participar en la adjudicación del proyecto Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre.