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El jalón de orejas de la Alianza por la Niñez Colombiana al Estado

Un informe detalla que Colombia no ha cumplido las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño.

La Alianza por la Niñez Colombiana presentará este jueves el informe “Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste”. Según el documento, el Estado colombiano no ha cumplido ninguna de las 18 recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño relacionadas con el conflicto armado. Este organismo tiene la función de supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.

Agrega que “de 8 millones de personas registradas como víctimas, 2.382.086 tienen entre 0 y 17 años de edad, población que ha sido invisible frente a la respuesta estatal”.

Detalla el análisis que en la preocupante cifra de niños y niñas víctimas del conflicto no están incluidos los menores que pertenecieron a las filas de las Autodefensas ni tampoco a la guerrilla, por cuanto es una cifra incierta para Colombia.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 16,879 menores de edad fueron vinculados entre 1960 y 2016 a los grupos armados al margen de la ley, pero sólo 6499 han ingresado al proceso administrativo de restablecimiento de derecho.

Además, con la Ley de Justicia y Paz se desmovilizaron 31,651 personas y Human Rights Watch calculaba que el 20% este grupo eran menores de edad, es decir, 6630, pero sólo 1.055 entraron al ICBF.

“Colombia presenta a nivel mundial las cifras más elevadas de desplazados internos de los últimos 20 años, por encima de los registros de Afganistán, Nigeria, Sudán del Sur y superando a Siria por un amplio margen (ACNUR, 2016). De los cuantiosos y variados hechos victimizantes, el desplazamiento forzado es el flagelo que ha golpeado a la mayoría de las víctimas (86%), correspondiente a 7.434.999 colombianos. Sin embargo, este fenómeno tiene un impacto diferencial y desproporcionadamente mayor en la niñez, puesto que del total de niñas, niños y adolescentes incluidos en el RUV2, 99% (2.290.452), son víctimas de desplazamiento forzado”, se lee en el informe.

Las organizaciones señalan que algunos menores son obligados a ejercer labores de extorsión, menudeo y transporte de precursores, en redes de explotación sexual y laboral, entre otros.

Entre los retos que plantean las organizaciones está el de adelantar la reforma de la Ley de Víctimas, extender su vigencia e incluir lo pactado en el Acuerdo Final con las Farc, priorizando a la niñez víctima.

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