Comandante del Ejército seguirá procesado por la Corte Suprema

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió negar la petición de la Fiscalía para que se archivará la indagación que se adelanta en contra del actual comandante del Ejército, el general Ricardo Gómez Nieto, por una contratación que hizo cuando era el director del Hospital Militar.

El proceso, que se inició por un hallazgo de la Contraloría, tiene que ver con un contrato de prestación de servicios que celebró con Giomar Patricia Riveros Gaitán por un valor de $ 42’300.000, cuando realmente ella estaba inhabilitada para contratar con el Estado.

La Fiscalía solicitaba que se archivara dado a que considera que el general habría sido inducido a error, pues una certificación firmada por Jaime Durán, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, había constatado que ella podía contratar con cualquier entidad, incluido el Hospital.

Sin embargo, para la Sala, con ponencia del magistrado Ramiro Alonso Marín, los argumentos de la Fiscalía no son suficientes. Esto, teniendo en cuenta que dicha certificación la recibió después de haber firmado el contrato.

“La Fiscalía se ha quedado corta frente a las exigencias, lo que no permite por el momento acceder a su petición preclusiva avalada por las demás partes o intervinientes”, afirmó el magistrado.

Cuestionó más aún, que no se tiene en el expediente la sentencia del Juzgado 35 municipal de Bogotá con la cual Riveros fue condenada, y en la que se especifica la inhabilidad que tendría.

“De modo que queda al descubierto la debilidad investigativa de la Fiscalía, por cuanto no puede ser posible que desde el año 2010 se habla de una la existencia de una causal de inhabilidad para contratar con el Estado por parte de una persona impuesta por un fallo judicial y la información que solo se ha mencionado para ser desconocida recurrentemente como se muestra, no se haya obtenido copia de esa decisión para verificar de esa fuente primaria para verificar la realidad que se ha pretendido desconocer durante estos años”, dijo.

Así mismo cuestionó que el general haya puesto en duda el certificado que señalaba la inhabilidad, pidiendo un aval a un funcionario en específico.

“La pregunta que surge de inmediato es si para ese momento ya se contaba con el certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría para qué se requería un aval. Acaso con bastaba con la información obtenida de una entidad judicial que desde el punto de vista Constitucional se encuentra facultada para ejercer esa función”, dijo.

En consecuencia se seguirá con el proceso, pero una vez se resuelva la apelación que hizo la Fiscalía y que se fijó para el 7 de noviembre.