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El Consejo de Estado dice sí procedían consultas en proyectos extractivos

En una decisión reciente, había validado la pregunta de la consulta popular de La Macarena.

El Consejo de Estado había emitido una sentencia en la que resaltaba que era legítimo que los alcaldes convocaran consultas populares para controvertir proyectos extractivos, pues era una expresión democrática y la participación ciudadana “debe ser garantizada en la mayor extensión posible".

“Las entidades locales conocen de manera directa y con un alto grado de proximidad las necesidades de su comunidad, por lo que la autonomía territorial tiene un nexo directo con la democracia”, decía.

Lo había dicho al validar el visto bueno que le dio el Tribunal Administrativo del Meta a la pregunta de una consulta popular sobre la explotación en la Macarena.

Esto, antes de que la Corte Constitucional señalara que esta herramienta no puede llegar a frenar los proyectos de explotación o exploración minero-energética porque el Estado es el dueño de los recursos del subsuelo.

El Consejo reconoció, al igual que la Corte, que efectivamente se trata de recursos del Estado, pero hizo énfasis al señalar que éste incluye a la Nación y a los entes territoriales, por lo que debe haber una coordinación.

“Que aunque la Ley 685 de 2001 asigna competencias predominantes a la Nación en materia de exploración y explotación minera, dichas funciones deben cumplirse con base a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad porque, se reitera, el subsuelo es de propiedad del Estado y no solo de la Nación", se lee.

Sin embargo, al ver que no se ha creado una legislación sobre los mecanismos para llegar a dichos acuerdos, señaló que entonces deben ser las consultas las que se usen.

"Así las cosas, la competencia de los municipios para convocar y realizar consultas populares es una materialización del principio de subsidiariedad, puesto que en ese escenario no existe un desarrollo normativo expreso de los principios de coordinación y concurrencia", dice.

Decía el fallo, que “es claro que los municipios tienen competencia para prohibir en su territorio el desarrollo de actividades minero-energéticas”.

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