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Dejusticia: Quedamos en manos de la Nación sobre proyectos extractivos

Aunque aclaran que falta conocer el fallo, tienen grandes preocupaciones sobre las consecuencias del mismo.

Minería en Colombia /

Helena Durán, investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia señala que aún no tienen críticas de fondo sobre la decisión de la Corte Constitucional que dice que las consultas mineras no pueden frenar proyectos extractivos, pues necesitan, y le piden al tribunal, que publique la decisión completa.

Sin embargo, tienen identificado cuatro puntos que les preocupan. Primero, aseguran que la tutela por la que se pronunció la Corte era improcedente.

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“Porque los argumentos Masarovar Energy (empresa que puso la tutela), son argumentos que debieron haber expuesto en el estudio de constitucionalidad que hizo el tribunal, y la empresa no intervino dentro del término que tenía previsto para exponer sus argumentos”, afirmó.

En pocas palabras, “usó la tutela para revivir una etapa procesal del pasado”.

Lo segundo, es que tienen la duda de qué pasó con el artículo 33 de la ley 136 del 94 que ha sido con el que se han justificado las consultas realizadas.

“Dice que es obligatorio hacer consultas populares cuando hayan proyectos que amenacen con cambiar la vocación de los municipios en los usos del suelo”, explica.

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Esperan además que en el fallo esté claro que el Estado es el dueño del subsuelo, lo que incluye a los municipios, “por lo que los municipios al también ser propietarios del Estado deben poder decir qué se hace con el subsuelo”.

Pero en definitiva, dicen que si la respuesta de la Corte a lo anterior es la petición al Congreso para que legisle y cree mecanismos de participación ciudadana y de coordinación entre Estado-entes territoriales, se puede seguir sin regulación.

“Llevamos ya cuatro años de sentencias dándole esa orden al Congreso y al Gobierno y seguimos con el mismo procedimiento en donde lo que quiere la Nación es imponer sobre los municipios”, afirmó.

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