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Nueva demanda contra la Ley de Procedimiento de la JEP

Varias organizaciones piden que se revisen seis artículos de la normatividad.

Yomari Ortegón, vicepresidenta del 'Colectivo José Alvear Restrepo' /

Una nueva demanda se radicó hoy en la Corte Constitucional en contra de la Ley Procedimiento de la JEP en la que se cuestionan seis artículos diferentes a las normas ya demandas relacionadas a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La vicepresidenta del 'Colectivo José Alvear Restrepo', Yomari Ortegón, explica que se demandan específicamente por tres razones.

“La primera porque varias de las disposiciones vulnera la participación efectiva de las víctimas, la segunda porque afecta la autonomía de la jurisdicción especial para la paz y la tercera porque creemos que es necesario que la Corte Constitucional garantice la coordinación entre los diferentes organismos que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación”, dijo.

Entre los artículos 1 y 2 que habla de la participación de la víctimas en casos de macro victimización y dicen, no es claro por ejemplo, cómo notificarán a los grandes grupos de víctimas para que la participación sea efectiva.

También el artículo 7, que incluye una intervención del Ministerio de Defensa que no está clara, y dicen, podría afectar la autonomía de la JEP.

“No es claro si esta es una defensa política o jurídica, ni tampoco por qué debe el Ministerio de Defensa interceder directamente por los miembros de la Fuerza Pública, si ellos ya cuentan con amplias garantías para su defensa técnica dentro de la JEP”, afirman.

El artículo 20 en donde aseguran no se reitera que en casos de violaciones de Derechos Humanos no hay reserva, lo que ya ha dicho la Corte Constitucional.

El artículo 11 de la ley regula las investigaciones que podrá realizar la JEP. El parágrafo 1 del artículo regula lo relativo a las personas que se sometan voluntariamente a la jurisdicción: Agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros. No obstante, el parágrafo limita la investigación de la JEP sobre estas personas solo a financiamiento o promoción de grupos criminales, ignorando la posible comisión de otros delitos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras”, señalan.

La demanda la radicaron en conjunto, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, el Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda y la congresista Ángela María Robledo.

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