Fiscal venezolano dicta 5 arrestos por desfalco a filial de PVDSA

Colombia

Fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció hoy que dictó órdenes de aprehensión contra cinco ciudadanos de su país señalados en una "grotesca" trama de corrupción, que desfalcó al menos 100 millones dólares en una filial de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Colombia.

Saab informó que una investigación del Ministerio Público determinó que la representante legal de PDVSA  Gas en Colombia, Sarah Moya, incurrió en múltiples delitos de corrupción y manejó a su criterio los recursos de la sucursal, violando las normas venezolanas de licitación y contratos con el Estado.

Moya tenía "a disposición total y absoluta el dinero de nuestro pueblo para robar, para comprar conciencia, para hacer la corrupción más dura y sucia que podamos nosotros aquí detallar", dijo hoy el fiscal designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, durante una comparecencia ante la prensa en la que no aceptó preguntas.

Además de Moya, el titular de la acción penal venezolana dictó órdenes de arresto contra José Alberto Márquez Carrero, Daniel Chirinos, Luis Enrique Rangel López y Antón Castillo Bastardo, todos ex altos cargos de PDVSA Gas.

Todos serán imputados por los delitos de "corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de proceso licitatorio, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación para delinquir", añadió Saab.

Además, el fiscal venezolano acusó a Moya de financiar sus viajes y gastos personales con una tarjeta corporativa de la sucursal que obtuvo sin autorización, y de estar involucrada en una trama de blanqueo de capitales conocida en el país como "Caso Andorra".

Moya también aparece involucrada en los llamados "Papeles de Panamá", puesto que formó "una empresa radicada en Islas Vírgenes británicas a través del bufete Mossack Fonseca", detalló Saab.

Desde que fuera designado en el cargo hace poco más de un año, Saab ha adelantado "una gesta" para rescatar "la ética y la decencia pública", según dijo el propio fiscal en junio pasado.

Durante su gestión casi 1.300 personas han sido detenidas por hechos de corrupción, entre ellas 79 funcionarios de la estatal PDVSA y 21 personas por fraude importador con divisas adjudicadas por el Estado, en el marco del férreo control de cambios que rige en el país desde 2003.